Observo con curiosidad el revuelo causado por una noticia -errónea, por cierto- según la cual la UE obligaría ahora a los Estados a incluir el resultado de las actividades ilegales como la prostitución o la droga en el cálculo del PIB. Noticia errónea, porque este requerimiento forma parte de las normas de contabilidad nacional elaboradas por Eurostat, la oficina de estadística de la UE, desde... 1995.
Otra cosa es que se aplicara esta norma de la misma forma en todos los países. Es lo que Eurostat se ha encargado de recordar ahora, aprovechando las nuevas normas de contabilidad Nacional SEC 2010 (ESA 2010 en inglés). De hecho, no hace más que seguir unas recomendaciones de la ONU sobre buenas prácticas de contabilidad nacional.
Medir el PIB, y en general la contabilidad nacional, implica todo tipo de estimaciones e interpretaciones, y todos tenemos que contar de la misma manera. Por eso, la principal y verdadera novedad de las nuevas normas de Eurostat es el cambio en el tratamiento contable de los gastos de investigación + desarrollo (I+D), que pasan ahora a considerarse como gastos de capital. En el conservador mundo de la contabilidad, es un cambio bastante audaz.
El impacto más inmediato y visible será que el nivel del PIB se incrementará para todos países, en una cantidad que dependerá de su inversión en I+D. Pero, ¿por qué incluir las actividades ilegales en el cálculo del PIB? No se trata de aumentar el PIB de manera artificial, ¿qué beneficio traería eso? Tampoco se trata de hacer juicios de moralidad. Se trata de medir el tamaño real de la actividad económica. Sólo se quiere hacer una estimación de las transacciones en las cuales las dos partes se ponen de acuerdo para eludir el marco legal: aquí no se trata de contabilizar el "crimen", sino los resultados del fraude y la economía sumergida. Una realidad que todos conocemos muy bien.
Medir la economía ilegal
Existen también otras razones para medir la economía ilegal, en un contexto distinto al del cálculo del PIB. Aquí no se trata tanto de ver cuánto suman todas las transacciones financieras ilegales sino cuanto peso tienen en la economía, y cuanto se escapa de las arcas públicas. Se estima, por ejemplo, que el fraude al IVA cuesta miles de millones en Europa.
Un estudio lo cifra en 193.000 millones perdidos en 2011, pero esta cifra no incluye solamente las transacciones en negro sino todos los fraudes y, desgraciadamente, otras causas como los retrasos en el pago y la elusión legal. Cuando publicamos estas cifras, nadie nos acusa de "contabilizar el mal", pero detrás de estas cifras, hay bastante sexo, drogas ?y sobre todo trabajadores, pisos, coches de lujo, etc. en negro. Cuando decimos que en Europa, cada año, se pierde 1 billón (si, han leído bien, un millón de millones) de euros en fraude fiscal, lo hacemos también en base a estimaciones. Estas estimaciones son vitales para conocer el problema mejor, alertar a la sociedad y a sus gobernantes y poder atacarlo mejor. Y es lo que hace la UE.
Por cierto, lo podríamos hacer aún mejor, si por ejemplo todos los Estados cooperasen para cerrar los agujeros legales que llevamos años señalando y que permiten a grandes compañías (aquí no hay pymes) eludir sus impuestos y buscar el lugar y los mecanismos más ventajosos para pagar sus impuestos. Por ejemplo, la propuesta de una base imponible común consolidada del Impuesto de Sociedades lleva desde 2011 sobre la mesa del Consejo Europeo, sin contar los años que se estuvo gestando esta medida.
Es cierto que en el ámbito tributario, la exigencia de unanimidad para adoptar decisiones a nivel Europeo permite a algunos Estados alargar la toma de decisiones, pero tarde o temprano, se tendrán que rendir a la evidencia. Si se adoptaran estas propuestas se garantizaría que los grupos no puedan cambiar artificialmente sus beneficios de un Estado miembro a otro. Las empresas seguirían siendo capaces de ejercer su libertad de circulación y de establecimiento, pero por motivos comerciales genuinos (por ejemplo, la construcción de una nueva fábrica en otro Estado miembro).
Evasión legal
En paralelo con estos esfuerzos legislativos, la Comisión Europea acaba de abrir una nueva vía (suplementaria) para luchar contra esta evasión legal, con su decisión de investigar a Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo por atribuir ventajas fiscales selectivas a algunas compañías.
Finalmente, hemos repetido mil veces, y así figura en nuestras recomendaciones en materia de política económica hechas el 2 de Junio, que los Estados de la UE deben reformar sus sistemas tributarios nacionales de modo que faciliten el cumplimiento de las normas, disuadan la evasión y la elusión y aumenten la eficiencia de la recaudación del impuesto.
Todo esto nos lleva lejos quizás del sexo y las drogas, lamento decir que no tanto del Rock and Roll, o al menos, de la música online. Pero quería recordar, ante las polémicas fútiles sobre el origen del PIB, la necesidad de conocer mejor nuestras economías y medir mejor las realidades a las que nos enfrentamos y en especial, los agujeros negros por donde se escapa la riqueza de un país. Los gobiernos y la UE han tardado demasiado en enfrentarse a sus problemas de recaudación. Hoy nuestros esfuerzos se tienen que centrar en reparar este error.
Francisco Fonseca Morillo, director de la Representación de la Comisión Europea en España
El PIB crecería un 4.5%
