La regulación del sector energético en España lleva un largo periodo en revisión, tratando de avanzar en la búsqueda de un terreno de juego que permita corregir los importantes desequilibrios y desajustes que se han acumulado en los últimos años.
Un marco regulatorio puesto al día, robusto, capaz de crear unas condiciones que estimulen, de manera equilibrada y realista, la competencia entre los diferentes agentes del mercado. Y que fomente, al mismo tiempo, el acceso a una energía en condiciones óptimas para favorecer la propia competitividad de España como país.
Es un reto, sin duda, enormemente complejo y difícil. Una problemática que ha tomado un papel protagonista en el debate público nacional, con especial intensidad en los últimos meses. Si bien ya se han dado pasos parciales para solucionar algunos de los problemas existentes (más en concreto, el déficit de tarifa), España necesita replantear su modelo energético de manera global asegurando, de cara al futuro, el buen desarrollo competitivo y sostenible del mismo.
Por ello, el sector está pendiente de que por fin se complete la gran Reforma regulatoria puesta en marcha de manera formal en el verano de 2013 y que debe ser, sin duda, pieza fundamental para garantizar el futuro de un sector muy necesitado de estabilidad, equidad y equilibrio. Dicha Reforma debe permitir a cada compañía definir y afrontar sus planes estratégicos y sus prioridades de manera clara y sólida, sin más incertidumbres y zozobras.
La gran mayoría de los agentes implicados considera de importancia fundamental el hecho de que el regulador revise a fondo los diferentes costes que determinan la factura energética final, tanto para los consumidores particulares como para las industrias. Se debe valorar en profundidad el peso que deben tener los elementos vinculados directamente a la producción, distribución y comercialización de la energía, por un lado, y los diferentes elementos indirectos tales como tasas, gravámenes y otros costes de política social y medioambiental, por otro.
En efecto, es urgente hacer compatible el diseño tarifario, tanto en electricidad como en gas, con los costes asociados a las actividades presentes en la cadena de valor de la energía. Es necesario que dicho diseño tarifario revisado considere no solo los desafíos que en materia de energía debe afrontar nuestro país, sino también las sensibilidades de todos los agentes afectados. Esto implica un replanteamiento profundo de qué conceptos deben mantenerse dentro de las tarifas de acceso y cuales deben estar ligados a los Presupuestos Generales del Estado. En otras palabras, es fundamental que la Reforma, en su formato final, incluya todo tipo de medidas de calado para conseguir precios finales de la energía más competitivos.
Profundizando en este terreno, es esencial también que la Reforma sea capaz de estimular la competencia interna. Un terreno en el que se han realizado ya tímidos avances en cuanto a condiciones y opciones teóricas, pero donde queda mucho camino por recorrer. No cabe duda que se ha progresado en términos de comercialización, con el número de agentes creciendo exponencialmente en los últimos años, y con nichos de mercado de alto atractivo potencial para las compañías, utilizando la personalización y la adaptabilidad a cada perfil de cliente como ventaja competitiva. Pero, por otro lado, las cuotas de mercado en las actividades liberalizadas siguen altamente concentradas. La nueva regulación que finalmente se concrete debe fomentar la reducción de barreras de entrada, dinamizar las reglas del mercado de la energía y favorecer el desarrollo de diferentes opciones y tipologías de productos y servicios, para que así tanto compañías como clientes finales puedan gozar realmente de eficiencia en términos de precios, rentabilidades, seguridad de suministro o capacidad de negociación.
Por último, un factor clave para el éxito de la Reforma será sin duda que el marco regulatorio que finalmente se configure tenga en cuenta las particularidades del mix energético actual, y el valor que aporta cada una de las diferentes tecnologías ya existentes. Es por ello que deben tener su lugar los mecanismos de pagos por capacidad para asegurar el suministro en las más diversas condiciones de operación del sistema. Así mismo, debe garantizarse la adecuada incorporación de las tecnologías renovables más maduras al mercado, siguiendo criterios de estricta racionalidad técnico-económica. Todo ello sin comprometer los esfuerzos que el sector viene realizando desde hace más de una década en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Es un verdadero desafío, de esfuerzos coordinados entre todos los implicados, en el que cada agente suma y donde lo que está en juego es la propia competitividad de España, en un entorno volátil y cambiante que exige actuar con rapidez y con claridad de ideas.
Es el momento de determinar el modelo energético que queremos y que nos podemos permitir como país. Ahora más que nunca España necesita un sector energético fuerte y un modelo claro, que desde la buena regulación responda de manera óptima a las demandas sociales de eficiencia tecnológica y económica, competitividad industrial y equilibrio medioambiental. El cierre del proceso de Reforma energética debe servir para incentivar consensos, unificar puntos de vista y definir un terreno de juego equilibrado, donde los distintos agentes puedan desarrollar su negocio con estabilidad y visión de largo plazo.
Alfonso Pascual. Director de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Regulación de GDF SUEZ Energía España
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