España necesita con urgencia desde hace tiempo una reforma fiscal que ayude a recuperar la economía. Esta reforma llega tarde, aunque es bienvenida.
Nuestro sistema fiscal actual se define por la insuficiencia y falta de equidad, porque ni las desgravaciones, ni las vías de escape, ni el fraude se reparten de forma homogénea. Y esto es lo que han querido solucionar los expertos con esta tardía reforma. Su objetivo es la "suficiencia recaudatoria" realizada con equidad tributaria.
El modelo actual es obsoleto, está hipertrofiado y se encuentra excesivamente fragmentado en la fiscalidad regional, por lo que supone un obstáculo para afianzar la recuperación. Pero una situación de déficit público aún superior al 6% no es el mejor momento para abordar una reforma estructural de garantías.
El Informe de la Comisión Lagares se caracteriza por ser la reforma más regresiva de la democracia, ya que bajaría los impuestos al 1% de la población más rica y los subiría al resto, especialmente a los más pobres con la subida de muchos productos y servicios del IVA reducido del 10% al tipo general del 21%, que repercutiría en un incremento del empleo y una mejora de las exportaciones en detrimento de las importaciones.
El IRPF oscilaría entre el 20% y el 50%, con cuatro tramos (en vez de siete) y las cotizaciones a la SS podrían bajar 3 o 4 puntos si el IVA sube en dos puntos. Pretende equiparar el tratamiento de las cuentas ahorro a largo plazo al de los fondos de pensiones, tributar en el IRPF por las indemnizaciones en caso de despido en contratos indefinidos, sustituir la tasa de matriculación por otra ligada a las emisiones de CO2, y crear las tasas de congestión para vehículos en grandes ciudades, entre otros.
Esta reforma tiene el objetivo de impulsar la economía, la creación de empleo, favorecer el ahorro y la internacionalización empresarial, e introducir ventajas fiscales para las familias y empleados, pero pretende hacerlo cargando más las viviendas y menos los salarios.
Carga asfixiante para la clase media
Hasta ahora los españoles que cumplen soportan una carga asfixiante (la clase media) y, sin embargo, el Estado no logra recaudar lo suficiente para cubrir sus necesidades. El problema está en que sólo un número limitado de españoles tributa, mientras el resto solo piensa en eludir impuestos. Una de las dudas que surgen estos días es que el Gobierno de Rajoy no va a suscribir la propuesta en su integridad, partiendo de que no están dispuestos a volver a aumentar el IVA ni a gravar la vivienda habitual. La obligación que tiene el Gobierno de reducir el déficit público y la necesidad de evitar una caída de ingresos implica que las rebajas fiscales se acompasen con incrementos impositivos, o al menos hacer las bajadas en varios momentos del tiempo en función de la recuperación de los ingresos públicos en base al crecimiento económico.
Por otro lado, es una Reforma que invade las competencias autonómicas, por ejemplo los expertos aconsejan suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo autonómico que grava la riqueza neta. La mayoría de propietarios de bienes inmuebles pagaría más con la propuesta de Lagares. Igualmente, se pretende equilibrar el tipo del Impuesto de Sucesiones, lo que invadiría una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, y que se ha utilizado como arma de competitividad fiscal. Tampoco aborda los "anacronismos" de los conciertos fiscales vascos y navarro, que suponen la mayor inequidad de los ciudadanos ante la ley.
Además, abogan por suprimir impuestos pretendidamente medioambientales. Como el tributo autonómico sobre grandes superficies, que se aplica en comunidades como Cataluña, el canon eólico y el impuesto sobre el agua embalsada, así como todos los tributos sobre emisiones de dióxido de carbono. Se crearía un impuesto estatal sobre emisiones atmosféricas, distintas del dióxido de carbono, tributo que también gestionarían los ejecutivos autonómicos.
En síntesis, se sugiere una disminución de los impuestos directos, compensada con subidas en los indirectos, para incrementar los recursos en manos de familias y empresas, a fin de garantizar tasas adecuadas de ahorro, consumo e inversión. Y también una devaluación fiscal, para aumentar la competitividad y las exportaciones. Pero esto sólo es una reordenación de lo existente: no hay bajada de Impuestos, es simplemente una redistribución de tributos para ganar competitividad.
Se trata de una reforma "regresiva" fiscalmente, pero vendible políticamente por la mejor susceptibilidad de los contribuyentes a las bajadas de los impuestos directos, que afectan directamente a la renta disponible. La reforma fiscal irá entrando en vigor de manera gradual. "El proyecto es que baje el IRPF para todos los contribuyentes a partir del 1 de enero del 2015, aunque no con la misma intensidad para todos", según Montoro.
Lástima haber desperdiciado los últimos ejercicios fiscales para haber sido más agresivos en la reforma del Estado y el recorte del gasto público, lo que habría permitido una reforma fiscal más agresiva y anticíclica, que hubiese contribuido a un rápido crecimiento económico.
Félix Aguado, Presidente de Augeo Consulting Group.
Una reforma fiscal valiente es posible
