El discurso oficial y sus voceros han conseguido poco a poco la calificación de científicas, objetivas e irrebatibles para sus proyectos. Si esas propuestas confrontan con la legalidad o el ordenamiento constitucional, peor para estos últimos. Tras la invocación al realismo económico y a la cualificación técnica, fuera de toda sospecha, de asesores reputados como expertos, el liberalismo económico sigue campando por sus respetos.
Una de las últimas pruebas de lo que estoy diciendo es el informe sobre la reforma fiscal, en el cual, se dice, el Gobierno va a inspirarse. Por lo pronto la llamada reforma confronta con el artículo 131. 1 de la Constitución y lo conculca. A estas alturas una nueva violación de la norma máxima ya es peccata minuta para el poder económico y su gubernamental capataz.
Determinados portavoces han descubierto el Mediterráneo cuando hace unas semanas la señora Lagarde del FMI, ya había propuesto que en España debían subir los impuestos indirectos. Es decir, el comité de expertos no ha hecho otra cosa que aplicar lo que la troika desea. Aduciendo que esta propuesta simplifica y clarifica el selvático y abigarrado sistema fiscal español, desarrolla una propuesta en la que la preocupación recaudatoria es uno de los motivos más importantes.
A partir de ese enunciado gravan el IVA, benefician a las rentas más altas en el IRPF, aumentan la imposición indirecta y, sobre todo, se olvidan de cuestiones básicas para el fin que dicen perseguir. No se plantea el fraude fiscal, los paraísos fiscales o la supresión de situaciones injustas como, por ejemplo, las Sicav. Y es que, por encima de juegos semánticos sobre la equidad en el juicio o la ponderación exclusivamente profesional, expertos, técnicos, profesionales y gentes del común obedecen a unos parámetros de valores e intereses que condicionan esa supuesta neutralidad científica. Y es que la ciencia aplicada no es en sí misma un valor; debe medirse con los fines a los que conduce.
Julio Anguita, excoordinador general de IU.