Es imposible imaginar una recuperación del empleo sin invertir en capital humano. El nuevo sistema de formación debe abrirse a todos los proveedores y huir del 'minifundismo'.
Hoy en día, en medio de todas las noticias sobre casos de fraudes y zonas oscuras en la formación de los trabajadores, resulta casi chocante hablar de buenas prácticas. Pero la verdad es que durante muchos años nuestro sistema de formación profesional para el empleo ha formado a millones de trabajadores, desempleados y ocupados, y ha ayudado a centenares de miles de empresas, de todos los tamaños y sectores, a mejorar su capacidad y su competitividad y sin embargo, este sistema se encuentra hoy encallado en el descrédito, reclamando con urgencia una reforma en profundidad, un nuevo acuerdo social para construir la formación que España necesita. Es imposible imaginar una recuperación del empleo sin una inversión eficaz en capital humano.
El Gobierno está trabajando en definir un nuevo modelo de formación para el empleo, que a nuestro juicio debería dar respuesta a las siguientes cuestiones claves.
Abrirse definitivamente a la plena concurrencia, permitiendo acceder a todos lo proveedores públicos y privados que acrediten capacidad y solvencia suficiente. Es hora de abandonar un viejo sistema corporativo donde los actores, administraciones, agentes sociales o empresas no acaban de tener bien delimitados sus roles y su función social. Un sistema que ha resultado poco transparente y muy poco rentable para la mayoría de los agentes. Es hora de apostar por la creación de un sector potente de formación, como con el que cuentan otros países, y eso exige programas plurianuales, con objetivos claros preestablecidos que faciliten la inversión a los operadores privados.
Tenemos que evitar la tentación de sucumbir a la atomización, caer en un minifundismo de pequeñas y muy pequeñas entidades apenas capaces de dar respuestas a necesidades muy locales. Necesitamos innovación porque nos hace falta mucha más formación, más eficaz, para muchas más personas y eso no lo podremos lograr sin recurrir a las tecnologías de la información.
El nuevo modelo tiene que evitar la actual fragmentación normativa. Es verdad que las comunidades autónomas comparten unos mismos objetivos y un esquema general común, pero a menudo cambios aparentemente menores en registros de centros, plazos o exigencias de justificación, acaban generando 17 compartimentos estancos, con la consiguiente pérdida de eficacia para todo el sistema.
En aras de la austeridad y eficacia todas las acciones, en particular las sustentadas con recursos públicos, deben estar vinculadas a la obtención de resultados tangibles, sean de acreditación, de cualificación, de respuesta a las necesidades expresas de las empresas o, por supuesto de inserción. Formación ligada directamente al empleo y a las necesidades del puesto de trabajo, pero también a objetivos nacionales definidos y establecidos con claridad por la administración.
Entre ellos debería incluirse, en cualquier caso, la formación en competencias básicas, más del 35 por ciento de los ocupados y más del 54 por ciento de los desempleados carecen de una acreditación de estas competencias para el aprendizaje permanente, lo que sin duda es una de las mayores debilidades de nuestro mercado de trabajo.
Por último, y por supuesto, el nuevo sistema tiene que legitimarse en la transparencia. Para eso la administración debe asegurarse a toda costa el gobierno y el control del flujo de los alumnos. Debemos superar el actual modelo de subvenciones que sepultan a la administración y a las entidades con interminables tareas burocráticas, que como hemos visto, no evitan fraudes ni malas prácticas.
Ojalá en las próximos meses tengamos un nuevo modelo de formación para el empleo, con acuerdo social, con un correcto encaje constitucional, que reconozca el papel de todos los agentes y todas las administraciones, eficaz, transparente y a las altura de las necesidades de una sociedad que aspira a salir de la recesión y crear empleo.
