
En contra de lo que se podría esperar, la señora Merkel ha aceptado la exigencia del SPD de que en la próxima legislatura se establezca un salario mínimo legal. Según parece, en la campaña electoral la canciller ya llegó a insinuar la posibilidad de que se aprobara esta medida, pero desde que terminaron las elecciones no han dejado de aparecer estudios y artículos de opinión contra esta alternativa, corroborando otros estudios anteriores.
El argumento fundamental en que se basan todas las opiniones contrarias es que si se obliga a una empresa a pagar un sueldo superior al que correspondería a la productividad de un puesto de trabajo, la empresa eliminaría ese puesto despidiendo a los que actualmente los ocupan, lo que podría suponer 500.000 parados más.
Entre los documentos más importantes sobresale el Informe anual del Consejo asesor del Gobierno federal del 13 de noviembre titulado Contra una política económica en retroceso. En el capítulo se dedican tres páginas a exponer los riesgos que implicaría establecer legalmente un salario mínimo, aunque también se añade la opinión contraria de Peter Bofinger, uno de los cinco sabios que, por su radical keynesianismo, también expresó puntos de vista diferentes a los de sus compañeros. Aparte del argumento ya mencionado, el informe rechaza las comparaciones con algunos de los 21 países de la UE que, como el nuestro, tienen salarios mínimos, porque el que propone el SPD para Alemania de 8,5 euros por hora trabajada sería superior al de la mayoría de esos países y reforzaría con nuevas rigideces el mercado de trabajo alemán.
Según diversos autores, con las que estaría en desacuerdo Bofinger, ese salario mínimo reduciría, además, la diferencia entre el sector de los que ganan menos y los alemanes que tienen un sueldo medio. A ello se añade que, dadas las circunstancias especiales de los países integrados en una Unión Monetaria que les impide recurrir al tipo de cambio nominal para adaptarse a problemas coyunturales, este salario sería como una barrera que reduciría las posibilidades de ocupación de algunos jóvenes, de los parados de larga duración y de los poco cualificados.
El informe concluye que la introducción de un salario mínimo podría crear más problemas de los que resolvería y considera que carece de sentido que, en una economía en la que el mercado de trabajo, por la elevada flexibilidad interna que ha conseguido con sus últimas reformas, ha hecho con éxito frente a la crisis, se la aconsejen cambios estructurales que dificultarían superar futuras crisis.
Anticipándose a las elecciones, la Fundación Adenauer, afín a la democracia cristiana y a la Economía Social de Mercado como modelo de organización socioeconómica, en el mes de agosto, publicó un trabajo sobre Nuevas relaciones de empleo. Datos, Hechos, Argumentos, que sintoniza plenamente con la argumentación del Informe mencionado.
El salario mínimo, ¿un retroceso?
Los autores del trabajo afirman que la ampliación de las normales relaciones de trabajo con las nuevas modalidades de empleo conocidas como "formas atípicas de las relaciones laborales" han ofrecido a muchos ciudadanos oportunidades de trabajo, al adaptar las condiciones del mercado de trabajo a las necesidades cambiantes de empresas y trabajadores, por lo que la introducción de un salario mínimo supondría un retroceso dificultando el acceso al mercado de trabajo a particulares grupos de ciudadanos.
También insiste en planteamientos parecidos un comentario sobre las negociaciones para formar la Gran Coalición publicado por la asociación Iniciativa para una Economía Social de Mercado (INSM), que preside actualmente el socialdemócrata W. Clement, y que se titula La política del Mercado de Trabajo negra-roja cuesta puestos de trabajo. En él se afirma que los empleos sólo se crean si las empresas crecen y les resulta rentable emplear a más trabajadores por lo que los planes actuales de los futuros componentes del Gobierno alemán tendrán con seguridad efectos muy distintos de los esperados: se eliminarán puestos de trabajo y se crearán muchos menos.
Estos testimonios y otros muchos que se podrían añadir muestran el elevado precio que parece estar dispuesto a pagar el partido que ganó las elecciones con un 41,5% de los votos, muy próximo a la mayoría absoluta, para formar coalición con el que sólo consiguió un 25,7%, repitiendo una experiencia que no fue demasiado afortunada en el 2005 cuando la diferencia entre los dos partidos no resulta comparable: 35,2% y 34,32% respectivamente.
Eugenio M. Recio, profesor honorario de ESADE.