Entra estos días en su fase de tramitación final en el Senado el proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el macrorregulador diseñado por el Gobierno para actuar sobre sectores tan diversos como la energía, los servicios postales y ferroviarios, el gas, las comunicaciones electrónicas, las tarifas aeroportuarias, las telecomunicaciones y los servicios audiovisuales. Es precisamente esta concentración en un único regulador, que verá reducida la especialización para actuar con eficacia en cada sector, uno de los aspectos que más recelos suscitó inicialmente.
Por lo que se refiere al ámbito audiovisual, las organizaciones de consumidores y usuarios han señalado algunas carencias en el proyecto. Entre las reclamaciones generales, se apunta en primer lugar a la cuestión de la independencia del nuevo organismo, cuyo consejo estará integrado por 10 miembros nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad -por más que se ha modificado el proyecto inicial, reconociendo al Congreso una cierta capacidad de veto que deberá ser por mayoría absoluta de la Comisión correspondiente-, y sobre cuya idoneidad y perfil no se establecen más exigencias que las habituales y vagas del "reconocido prestigio y competencia". Los consumidores y usuarios de los medios señalan también que el proyecto de ley retiene en manos del Gobierno competencias importantes en materia de contenidos audiovisuales.
Además, hay dos aspectos de la nueva ley sobre los que las organizaciones iCmedia y AUC han hecho oír su voz con especial insistencia. El primero de ellos se refiere a la supresión del mecanismo de participación social previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) a través del nonato Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). En efecto, la LGCA contempla la constitución en el seno del CEMA de un Comité Consultivo, como órgano destinado a garantizar la participación de colectivos y asociaciones ciudadanas.
Aunque la LGCA no atribuye a este órgano de participación social más competencias que las meramente consultivas, representa sin duda un paso adelante en la incorporación de la perspectiva de los usuarios a los procesos de regulación del sector audiovisual. Este cauce de participación social desaparece en el proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que deja la posibilidad de puesta en marcha de consejos consultivos -salvo en el sector energético- tan abierta y vagamente enunciada, que difícilmente puede preverse que llegue a constituirse en un futuro un consejo consultivo audiovisual, como demandan las organizaciones de consumidores y usuarios.
En segundo lugar, el proyecto de ley de creación del nuevo macrorregulador tampoco garantiza el derecho de cualquier persona física o jurídica a dirigirse a la autoridad audiovisual competente para reclamar de ésta el control de la adecuación de los contenidos difundidos con el ordenamiento vigente o los códigos de autorregulación, como establece la ley General de la Comunicación Audiovisual. Este derecho de reclamación en relación con contenidos audiovisuales perjudiciales para los menores y contrarios a las normas vigentes y a los códigos de autorregulación adoptados, adquiere una especial relevancia con la multiplicación de canales de televisión y servicios audiovisuales, que hace inviable un control exhaustivo por parte de las autoridades competentes de todo lo difundido y de todos los contenidos audiovisuales que circulan por las redes.
Esta es la razón por la que la mayor parte de autoridades audiovisuales de nuestro entorno actúan en gran medida a partir de las reclamaciones presentadas por los consumidores, caracterizados así como parte afectada, que insta a actuar a la autoridad competente, a la que corresponde comprobar y decidir. Es también la razón por la que consideramos urgente y prioritario asegurar que dicho derecho de reclamación sea adecuadamente garantizado, lo que implica y exige habilitar cauces y procedimientos y darles la visibilidad necesaria para que los ciudadanos puedan utilizarlos.
Se trata, en definitiva, de incrementar la transparencia en los procesos de supervisión y control en relación con los contenidos audiovisuales, y de eliminar la apariencia de discrecionalidad que ha caracterizado a la autoridad competente hasta la fecha, independientemente del color político de su titular.
Carmen Fuente Cobo, vicepresidenta de iCmedia.
