En el inicio de la crisis, cuando empezó a aumentar el coste del crédito y a bajar la demanda, las empresas pequeñas y medianas estaban muy apalancadas y tenían plantillas holgadas. El Gobierno del momento intentó recuperar el nivel de actividad sin lograrlo, a pesar del aumento de la deuda. Seguidamente se hundieron varias cajas de ahorros. Aumentó el paro, la morosidad y el coste del crédito y, como correlato, las empresas tuvieron dificultades que elevaron el número de los procesos concursales, que, según datos del INE, pasaron de 193 en el año 2004 a 5.910 en 2011; mientras que el paro en el tercer trimestre de este año, con un 25,41%, llegó a la cifra más alta del mundo, superando a Sudáfrica y Grecia.
Tras el derroche se impuso la austeridad, obligada por la falta de recursos y la necesidad de pagar lo debido. Las familias jóvenes se esfuerzan en pagar impuestos e hipotecas y mantener los empleos. Las empresas tratan de mantener su actividad, soportar los tributos y, si pueden, buscan nuevos mercados. Ambos reducen su deuda lentamente. El conjunto del sector público apenas ha cambiado, y su deuda crece. Las previsiones para este ejercicio difieren poco de las del pasado, con la excepción del sector público, cuya deuda, según la Comisión Europea, subirá hasta el 92,7% del PIB, mientras en diciembre de 2012 la misma fuente la fijaba en 86,1% del producto interior bruto.
En el marco expuesto surgen voces que cuestionan la actuación en curso y sugieren más endeudamiento. A la vista de la situación y de la serie de grandes ERE en proceso, es lógico que se postule algo así, pero eso no aumentaría la demanda ni el empleo, sólo serviría para encarecer el nuevo crédito y las renovaciones del actual. Lo que ayudaría es la venta de las empresas públicas vendibles que dependen de las Administraciones Públicas (central, autonómicas y locales), así como la disolución del resto y la eliminación de los diferentes entes deficitarios.
En los casos en los que es posible, la privatización daría ingresos inmediatos, eliminaría gastos públicos y aportaría impuestos. La reducción de entidades superpuestas, fundaciones públicas y las prescindibles permitiría, una vez pagadas las indemnizaciones pertinentes, aumentar la recaudación de impuestos. Hay entidades públicas que son propietarias de casinos, de vaquerías y otras actividades que funcionan y que lo harían mejor en otras manos y en algún caso en manos de los gestores. En otros casos son empresas arruinadas que no fueron capaces de reflotar, mientras que las que lo consiguieron ya se devolvieron al sector privado. Algunas relacionadas con la comunicación compiten con las privadas y llegan a dominar la radio o televisión de su ámbito sin tener publicidad. Algunas se crearon para acomodar al que se retira; otras amplían la incidencia de una entidad en su área local o en ámbitos superiores...
La conjunción de la inercia y la capacidad de mantener lo que podría generar alguna crítica o desazón explica la abundancia de esos entes. Ahora, en general, no hay recursos para mantenerlos, ni siquiera capacidad de obtener el crédito necesario para eso. Lo que funciona bien debe seguir donde está, como los grandes museos, parques, zonas protegidas... Por el contrario, lo que compite con la actividad privada con dinero público debe minimizarse.
La diferencia del peso del sector público en cada comunidad autónoma es alta y de difícil concreción, pues en algunos casos una empresa pertenece a tres o más ayuntamientos sin que ninguno supere el 33,3% del capital. Hay tres corporaciones públicas en las que la deuda supera la cifra de mil millones de euros. Esas empresas de titularidad pública absorben gran parte del crédito disponible y reducen lo que queda para el resto.
¿Cómo frenar la pérdida de pymes?
¿Cómo frenar la pérdida de empresas, especialmente pymes? La OCDE ubicaba, para 2012, la carga fiscal de las empresas españolas en el tercer puesto de la UE y en el quinto del mundo. Con los últimos aumentos estará, probablemente, en el primero, por lo que conviene reducir la deuda pública y las cargas que genera, con el objetivo inicial de llegar a la media de la UE y permitir la amortización libre en los bienes de equipo que mejoren la prevención de riesgos laborales, ahorro energético y protección del medio ambiente.
Las Administraciones deben pagar a tiempo; dar paridad de plazos en trámites y gestiones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos o las empresas; reducir los plazos en los trámites administrativos, y reducir el número de niveles de la Administración.
En las discrepancias llevadas a juicio, las Administraciones deben aceptar la primera sentencia que impongan instancias superiores y de la UE. Las tasas deben vinculase a una prestación real y el resto, eliminarse. Facilidades para bienes de equipos de trabajadores autónomos. Conviene crear un fondo para invertir en pymes. Todo tiene su tiempo, y ahora es el momento de reducir la deuda para que no nos ahogue, pero nada impide asumir el compromiso.
Joaquín Trigo Portela, director general del Instituto de Estudios Económicos.
