
No debe deducirse de mis artículos previos sobre el desahucio la conclusión de que es mejor dejar las cosas como están. Las instituciones siempre pueden mejorar, máxime como órganos susceptibles de cambio y adaptación, pero con un criterio muy distinto de quienes creen que podemos manejar la economía -y las instituciones- a nuestro antojo y que ajustando allí o moviendo una palanca aquí podremos lograr que la economía se ponga en marcha o funcione al ritmo deseado. La economía no es algo relativamente sencillo de entender y manejar, como tampoco es un sistema muy complejo pero que un buen técnico siempre nos puede resolver y arreglar.
La economía es mucho más compleja y difícil de entender que la mecánica, la física en general, o la biología y la medicina porque, después de todo, como explica el profesor Rodríguez Braun, un mercado, un sector, una demanda o una empresa no pueden desmontarse por piezas o partes como hacemos con una locomotora; no podemos aislar una parte de la economía, como se hace con un enfermo o un órgano; ni siquiera podemos intervenir o extirpar una parte, como hacemos con un tumor, un riñón o el hígado, y creer que luego todo se recompone, se monta, y sigue funcionando más o menos -exactamente igual, en el caso de cualquier máquina- como antes. Como señaló Alfred Marshall, la economía trata del "estudio de las actividades del individuo en los actos corrientes de la vida". E individuos y vida son entes sumamente diversos y complejos.
Por eso, la economía -el análisis económico- no es mera intuición, sensatez o sentido común, ni los remedios que nos parecen más inmediatos, evidentes o lógicos -como pueda ser el caso de limitar las responsabilidades del deudor hipotecario moroso o en vías de desahucio- son los que traerán resultados más eficientes y consecuencias más beneficiosas para el conjunto de una sociedad, como ya intenté demostrar. Sin embargo, hay cosas que sí pueden hacerse para reducir los costes transnacionales, mejorar los pagos, flexibilizar y agilizar los procesos y que, llegado el caso extremo del desahucio, las cosas resulten menos degradantes para el deudor.
Cosas que pueden hacerse
Por ejemplo, podrían eliminarse las barreras de entrada ahora existentes y otorgar mayor transparencia, información y agilidad a los procesos de subastas de viviendas embargadas, de los que ahora se benefician unos privilegiados (conocidos, por cierto, como subasteros). Incluso se podría buscar alguna fórmula entre deudor y acreedor que permitiese dar salida por su cuenta al bien inmueble como forma de agilizar y hacer menos costosa (ténganse en cuenta los intereses de demora) la cancelación de la deuda. Al hilo de esto, y siempre que no suponga una limitación o techo de los tipos de interés -tan dañina en el pasado-, pueden también definirse esos intereses de demora de manera que se evite, como ahora ocurre, que empeoren -en vez de resolver- la situación y el problema, al tiempo que desincentiven posiciones perversas o incumplidoras del contrato.
Puede también modificarse el sistema y los plazos mediante los cuales se determina como moroso a un deudor (ignoro aquí la conveniencia de diferenciar unas deudas -hipotecarias- de otras) y, desde luego, regular y vigilar los chiringuitos financieros que realizan contratos abusivos o abrir la Ley Concursal en los casos de suspensión de pagos personal (no mercantil).
Puede ampliarse el mercado y eliminar todo tipo de barreras de entrada en la actividad de tasación, dotando a esas sociedades de mayor independencia respecto de los grupos financieros o inmobiliarios. Así como exigir más y mayores responsabilidades a las entidades financieras y de crédito sobre su transparencia e información nítida de las condiciones de todo tipo de contratos o de activos (también hipotecas) que venden. Lo que nos lleva a la exigencia de responsabilidades de un grupo que, en todo este asunto, ha salido inexplicablemente de rositas, como son los notarios.
Dado el volumen de contratos hipotecarios y su cuantía durante la burbuja, notarios y notarías han hecho pingües beneficios, pero no han cumplido con el papel de acercar la lectura de los contratos, desvelando y haciendo notar los puntos frágiles, complejos, más dañinos y perjudiciales para el deudor -que realiza en su vida un número ridículo de contratos hipotecarios comparado con los bancos-. Si ha habido contratos de hipotecas escasos de trasparencia o simplicidad o con condiciones perversas, ¿qué estaban haciendo esos notarios?
Por último, el profesor Benito Arruñada aconseja la puesta en marcha de la dación en pago no obligatoria, sino voluntaria y de mutuo acuerdo por las partes (nunca ex post la firma del contrato), para lo que -sostiene- debe dejar de penalizarse dicha figura mediante la eliminación o, al menos, la reducción de las cargas fiscales (impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y doble tributación frente a la ejecución hipotecaria) que ahora soporta.
Fernando Méndez Ibisate, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid.