A principios de este mes, la directora general de la Agencia Tributaria (AEAT), Beatriz Viana, anunciaba que este organismo había recaudado hasta agosto 7.544 millones de euros en su lucha contra el fraude, lo que supone un incremento del 15,9% respecto al mismo periodo de 2011. Sin embargo, Viana olvidó referirse al gran fracaso que está suponiendo una de las medidas estrella en este ámbito del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro: la amnistía fiscal.
Montoro había previsto ingresar en las arcas públicas a través de esta medida, al menos, 2.500 millones de euros. Sin embargo, sólo se habían recaudado unos 50 millones hasta el mes de julio. Dadas las fechas, parece difícil que se pueda alcanzar el objetivo inicial. El problema, en el fondo, es que no se toman medidas de calado, lo que nos está llevando a sufrir una de las mayores tasas de economía sumergida de los países de la OCDE.
Habría que poner en marcha de forma inmediata una serie de actuaciones para poder sacar a la luz el casi 20% de economía española que se encuentra fuera de control y que asciende a unos 240.000 millones de euros, según un reciente estudio del instituto Tax Research para el Parlamento Europeo. Así, España podría ingresar unos 73.000 millones de euros a través de los impuestos que elude la economía sumergida. Con métodos eficaces de control se recaudaría una cantidad de dinero similar al importe del ahorro impuesto desde la Unión Europea.
¿Cómo se podría acabar con el problema? Pues en gran parte tomando seis medidas sencillas que no requieren de una gran inversión: para empezar, eliminando el sistema de tributación de la estimación objetiva, uno de los mayores focos de fraude en nuestro país que desde siempre ha sido fuertemente criticada desde Bruselas. Además, hace falta una equiparación efectiva en la tributación de personas físicas y personas jurídicas.
Por supuesto, hay que dotar de medios materiales y humanos a la Inspección Fiscal. Lograr que los órganos de Gestión y los de Inspección de Tributos estén formados por grandes profesionales, bien retribuidos y con los mejores medios informáticos a su alcance en forma de acceso y cruce a la información de los contribuyentes.
Una cuarta medida sería la creación de la Policía Fiscal y de Seguridad Social: unidades de intervención rápida e inmediata. Si se ha desmantelado en parte la "mafia china" con pocos medios, imaginemos lo que podría suponer un cuerpo bien dotado. Resultaría más que rentable la inversión estatal.
Otra acción sería la rebaja en no menos de un 50% de los límites en las cantidades consideradas como delito fiscal por año y concepto impositivo.
Y, por último, imponer la figura de la responsabilidad subsidiaria en operaciones fiscales fraudulentas a notarios, asesores legales y fiscales.
Sin embargo, nuestro Ejecutivo ha elegido un camino bien diferente. La amnistía fiscal permitirá que los evasores de impuestos regularicen sus "activos ocultos" a cambio de abonar sólo un 10% sobre las rentas no declaradas por el IRPF, el impuesto sobre sociedades y el IRPF de no residentes. Además quedarán exentos de intereses, recargo y sanción sobre las cantidades "afloradas". Tampoco correrán riesgo de sufrir un proceso por delito fiscal.
Se trata de una medida que beneficia, básicamente, a algunas de las grandes fortunas y algunas de las grandes compañías, no a la población en general. Mientras, muchas de las empresas y personas que han cumplido con sus obligaciones piensan, con razón, que tiene que haber castigos ejemplarizantes. De otro modo, se anima a los defraudadores a seguir delinquiendo.
La Audiencia Nacional acaba de rechazar el recurso que planteó el PSOE contra la amnistía fiscal. Era uno de los datos que faltaban para conocer el éxito de la medida. De hecho, muchos defraudadores no habrán dado ningún paso hasta confirmar que la amnistía ofrece seguridad jurídica.
Esperemos que a partir del 30 de noviembre, cuando acaba el plazo para acogerse a este perdón, la Administración ponga en marcha todos los convenios de doble imposición y acuerdos de información que se han firmado en los últimos años con territorios como Andorra, Panamá, Antillas o Singapur. Y, lo que es más importante, endurecer el régimen sancionador para el dinero no declarado.
Incluso Suiza acaba de anunciar que dará todo tipo de datos a partir de enero de 2013 sobre las cuentas españolas en el país helvético, de forma que se conocerá a las personas que hayan podido cometer fraude o evasión fiscal.
Todas estas acciones también evitarían aumentar la presión fiscal sobre el conjunto de los ciudadanos y empresas españolas. Que no paguemos los muchos justos por unos cuantos pecadores. Y sería la manera de que calara en España una cultura del compromiso y de la ética, tan necesaria en nuestro país, en este y en otros aspectos.
Miguel Ángel Ferrer Garcerán, socio-director general de Arrabe Asesores.
