Es materialmente posible que las Comunidades Autónomas cumplan este año con su objetivo de déficit del 1,3% del PIB sin subir impuestos ni afectar a los servicios públicos básicos. El recorte a realizar asciende, en principio, a 17.000 millones. Puesto que el gasto no financiero conjunto de todas las CCAA representa unos 160.000 millones de euros, no parece, a primera vista, un esfuerzo excesivo. Pero las cosas son mucho más complejas. Para empezar, teniendo en cuenta el previsible descenso de los ingresos públicos, el ajuste, si no subimos impuestos, tendrá que ser mayor, puede que unos 20.000 millones.
Por otra parte, de los 160.000 millones apuntados, unos 105.000 millones están destinados a gastos y transferencias corrientes de sanidad y educación -es decir, sueldos de maestros y médicos, subvenciones a los centros concertados, material sanitario, electricidad y calefacción de hospitales y colegios, etc.-, salarios del resto del personal al servicio de las CCAA e intereses de la deuda pública. Son, por tanto, partidas sobre las cuales la capacidad de disposición a corto plazo es prácticamente nula, si no queremos afectar a la calidad de los servicios públicos básicos.
Indemnizaciones en vez de sueldos
Estas partidas sólo se pueden recortar realizando una profunda reestructuración del entramado administrativo que haga posible aumentar su eficiencia para ofrecer los mismos servicios con menos personal y menos oficinas, pero eso requeriría varios años, ya que el número de funcionarios no se puede reducir de la noche a la mañana. Y si despedimos personal laboral, las indemnizaciones se comerían el ahorro de gasto en sueldos. Podríamos seguir arañando otros capítulos de escasa o nula disponibilidad a corto plazo, pero vamos a dejarlo ahí.
Los 20.000 millones de ajuste habría que aplicarlos, por tanto, sobre los 54.000 millones restantes, lo que supone un recorte del 37%. Aquí se incluyen gastos relacionados con servicios sociales, seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias, justicia, investigación científica, transporte público o inversión pública. Que juzgue cada uno.
María Jesús Fernández, analista de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas).
