Tras tres años de titubeos y sucesivos parches, ha visto la luz un plan de reforma financiera que ataca frontalmente uno de los mayores problemas de la banca española, la ingente exposición al sector constructor y promotor: nada menos que 323.000 millones de euros, de los que 175.000 millones se consideran problemáticos; para ponerlo en contexto, algo más del 30 por ciento de nuestro producto interior bruto. Estas cifras son una de las mayores causas del deterioro extremo de la confianza en el sector financiero, habiendo mermado su cuenta de resultados y su capacidad de financiación hasta límites insostenibles, incluyendo la intervención y/o nacionalización de facto de varias entidades.
Sin duda la reforma acarreará importantes aspectos positivos. En primer lugar, obliga a constituir nuevas provisiones específicas y genéricas, elevando la ratio de cobertura de la cartera inmobiliaria problemática por encima del 50 por ciento, afectando especialmente en suelo (80 por ciento) y promoción (65 por ciento), lo que estimulará a las entidades a dar salida tanto a activos adjudicados como a carteras crediticias, al disminuir el gap hasta ahora insalvable entre precio ofertado por inversores y el precio contable de las entidades. Incluso incidirá positivamente en el sector constructor, ya que las provisiones para promoción en curso son un 50 por ciento inferiores a las de las promociones paradas, un aliciente para retomar ciertos proyectos.
En segundo lugar, la tan ansiada segunda ola de fusiones, que se fomenta abierta y activamente, y que entraña demorar 12 meses las nuevas exigencias de provisiones a aquellas entidades que emprendan procesos de fusión. Con ello se dará salida a las entidades inviables e incluso zombi, y a medio plazo se crearán importantes mejoras de eficiencia conseguidas a través de sinergias y racionalización de oficinas y plantillas, así como la profesionalización de la gestión de algunas entidades relegadas. No obstante, el mercado espera, y exigirá, que tanto el Ministerio de Economía como el Banco de España estén ojo avizor para vetar aquellas fusiones con escaso valor añadido o sentido económico y cuyo único fin sea precisamente el atrasar la constitución de las nuevas provisiones.
Todo ello redundará sin duda en una mejora de la percepción del sector en el exterior, posibilitando de nuevo el acceso a los mercados mayoristas, si bien no cabe esperar que ésta se produzca en el corto plazo ni simultáneamente para todas las entidades, sino una vez comprobados la aplicación y los efectos de la reforma y los niveles de morosidad a nivel individual, así como el nuevo mapa financiero que surja y la evolución económica del país. Además, la dependencia de la liquidez obtenida a través de las recientes subastas a tres años del BCE se mantendrá a medio plazo para la mayor parte de las entidades.
El impacto estimado, 50.000 millones a los que hay que añadir los más de 100.000 millones en saneamientos ya realizados desde 2008... ¿se acaba aquí? Parece poco probable por varias razones.
En primer lugar, la provisión genérica para los préstamos no problemáticos al sector constructor y promotor se elevan al 7 por ciento; con unas previsiones macroeconómicas tan poco halagüeñas que incluyen una tasa de paro cerca del 25 por ciento y una caída del PIB estimada del 1,4 por ciento este año, es más que probable que asistamos a futuras reclasificaciones de la cartera de préstamos problemáticos y adjudicaciones por encima del breakeven, al haberse agotado ya el margen para refinanciaciones indiscriminadas.
En segundo lugar, y por las mismas razones, la morosidad seguirá aumentando, tanto entre particulares como pymes, siendo de particular relevancia el impacto en las carteras hipotecarias, de crédito al consumo, leasing y renting, lo que se traducirá en más impagos y adjudicaciones de activos, en algunos casos de escasa o nula liquidez o valor intrínseco, que habrá que dotar.
En tercer lugar, todo parece indicar que el precio de la vivienda seguirá bajando: desde el pico de la burbuja en 2007, el número de transacciones de compraventa ha disminuido un 60 por ciento y los precios tan sólo un 22 por ciento, sin duda sostenidos por nuestra particular idiosincrasia, pero cabe esperar rebajas adicionales sobre el 15-20 por ciento, en línea con otros países de nuestro entorno, cuyos mercados inmobiliarios también pincharon, lo que se traducirá en dotaciones adicionales a provisiones. Por último, dado el drástico efecto que la reforma tendrá sobre los niveles de capitalización de todas las entidades sin excepción, la escasez de liquidez comentada anteriormente y el deterioro continuado del margen de intereses, no cabe esperar que el credit crunch actual mejore mínimamente durante los próximos 18 meses, sino que previsiblemente empeorará y el grifo del crédito seguirá cerrado para la inmensa mayoría, lo que retroalimentará y exacerbará los puntos anteriores. Sin duda, nuestras entidades de crédito tienen importantes desafíos durante los próximos años y solo sobrevivirán aquellas que sepan imponerse la optimización de la asignación de recursos y la gestión de los activos ponderados por riesgo, así como la correcta gestión del margen de intereses, la liquidez y los activos adjudicados. Se vislumbra la luz al final del túnel, pero aún deberemos recorrer un largo camino.
José de Ochoa, senior director de Álvarez&Marsal.
