Es un hecho notorio que las constructoras españolas y sus filiales concesionarias de infraestructuras han alcanzado una relevancia mundial. Hay compañías nacionales desarrollando su actividad en los cinco continentes con un protagonismo indiscutible y muy por encima del de sus competidores. Proyectos como el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, actualmente en ejecución por un consorcio liderado por Sacyr, o el más reciente del tren de alta velocidad Medina-La Meca, adjudicado a un consorcio íntegramente español del que forman parte empresas como OHL, Indra o Talgo, son hitos significativos de un largo camino.
La relevancia internacional de estas empresas españolas es el fruto de un largo proceso. Salir a competir al extranjero fue imprescindible para consolidar sus ratios de crecimiento y, en la actualidad, aproximadamente un 70% de su exitoso trabajo se desarrolla fuera de España.
Podría decirse que nuestras constructoras han alcanzado su grado máximo de madurez nacional e internacional, y que en su futuro sólo se advierten el éxito empresarial y un crecimiento que no encuentra límites ni siquiera territoriales. Nada más lejos de la realidad. El escenario político y financiero en el que actualmente nos desenvolvemos siembra el futuro de no poca incertidumbre y el análisis, ejecución y financiación de los proyectos cada vez es más complicado. La única esperanza es que dichas compañías parecen preparadas para este panorama.
Volver a ser un motor económico
El reto que tienen que afrontar es el de volver a ser el motor -no único, pero sí muy principal- de la economía. El nuevo Gobierno no puede ni debe ignorar el papel esencial de las infraestructuras en el crecimiento económico, y deberá apostar por planes serios y consistentes que garanticen el desarrollo y ejecución de los proyectos. Sin duda, las empresas privadas están preparadas para asumir este liderazgo, pero las Administraciones Públicas deben estar a la altura necesaria para propiciar este protagonismo. ¿Qué significa estar a la altura? Básicamente se trata de crear un entorno de estabilidad que devuelva la confianza a todos los agentes que intervienen en el sector de las infraestructuras.
Esto supone, en primer lugar, evitar errores del pasado: no más aeropuertos fantasma ni autopistas a ninguna parte. El estudio de la viabilidad y eficacia de cualquier proyecto es clave. Los proyectos tienen que ser por sí mismos sostenibles, rigurosos, eficientes; todos los adjetivos son pocos. Las empresas privadas tienen que poder acceder a la Administración ejerciendo la iniciativa en la propuesta de proyectos como ocurre con las llamadas unsolicited proposals de algunos Estados norteamericanos, y su esfuerzo debe estar premiado con derechos preferentes para la ejecución de esos proyectos en un clima de franca competencia.
Que sirvan al desarrollo del país
Por tanto, los proyectos tienen que ser viables, las compañías privadas tienen que tener un margen cierto de iniciativa, y las Administraciones Públicas tienen que aceptar y propiciar este protagonismo empresarial. Se trata de promover proyectos de Participación Público Privada (PPP), de iniciativa privada y no sólo pública de manera que se reduzca al mínimo el interés político de determinados proyectos en aras del interés general. Los proyectos deben servir al desarrollo del país y no al de las carreras políticas.
Pero, además de viables, los proyectos tienen que ser financiables, algo que hoy parece un muro insalvable. En este entorno, las empresas deben también recuperar el protagonismo y acceder a formas de financiación nuevas y que no dependan sólo de las entidades financieras. Hay muchos inversores institucionales que se sienten cómodos en el sector de las infraestructuras y el caso de Global Vía Infraestructuras es un buen ejemplo a seguir. Obtener el dinero necesario para poder invertir y crecer al margen de los bancos tradicionales es una de las posibles soluciones.
Nuevas formas de financiación
También será necesario acudir a nuevas formas de financiación de los proyectos concretos, y la capacidad de titulización puede ser una de las soluciones. Los llamados Project Bonds son esenciales, y su desarrollo e implantación no puede demorarse. Aquí, las entidades de crédito tienen un nuevo papel que desempeñar en el aseguramiento, garantía y comercialización de estos instrumentos de deuda que no pueden estar exclusivamente vinculados a organismos como el Banco Europeo de Inversiones o los institutos nacionales de crédito oficial. Tiene que existir y regularse la iniciativa privada de los promotores de los proyectos y de las entidades financieras privadas.
No va a ser fácil, pero tampoco era sencillo desplazar equipos profesionales a Texas, India o China y las empresas españolas han superado estos retos con un éxito sobresaliente. El sector público tiene que apoyarse con humildad en estas experiencias exitosas y, desde su conocimiento profundo, asimilar sus enseñanzas y provocar un nuevo entorno de estabilidad y confianza.
Miguel Huarte, director del departamento de Infraestructuras de Olswang España.
