Afecta a un 15% de la población española -más de cinco millones de personas- y la sufren más de 60 millones en Europa. Hablamos de la pobreza energética, un término acuñado para definir la situación que sufren los hogares que no pueden pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas.
Las cifras son demoledoras. Considerada como un derecho fundamental por el papel indispensable que tiene en la vida cotidiana, la dificultad de acceso a la energía se ha convertido en un verdadero problema a nivel mundial, que afecta especialmente a las familias socio-económicamente más vulnerables -monoparentales, con desempleados, jubilados- y cuyas causas tienen su origen en tres factores: la continuada caída de los ingresos familiares, los altos costes de la energía y la baja calidad de las viviendas en términos de eficiencia energética.
Según el estudio Pobreza Energética en España, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), en los últimos años el porcentaje de los ingresos que los hogares destinan a las facturas de la energía se ha incrementado un 25% especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, La Rioja, Castilla y León, Aragón y Extremadura, siendo la electricidad la principal responsable de este crecimiento, ya que es el apartado más importante en las facturas de la energía del hogar, por encima del gas.
Comparada con Europa, España está lejos de ser el país europeo más afectado por la pobreza energética, a pesar de que las cifras siguen subiendo. Aun así, un 7% de la población española -equivalente a 3,2 millones de personas- vive en hogares que se declaran incapaces de mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses más fríos -por encima de los 18 grados-, porcentaje muy inferior al registrado en otros países del sur y este de Europa como Portugal, Chipre, Lituania, Rumanía y Bulgaria, país éste último donde más de la mitad de la población, un 62%, se encontraba en esa situación, según recoge el estudio de ACA para el periodo comprendido entre 2005 y 2010.
Además, un 5% de la población española sufre retrasos en el pago de recibos -sólo en el año 2012 las compañías eléctricas cortaron el suministro a 1,4 millones de vivienda- y un 18% reconoce vivir en hogares con goteras, humedades o podredumbre en paredes, ventanas, cimientos, etc.
Pero esto no es todo. El hecho de no poder calentar una vivienda a una temperatura saludablemente adecuada está provocando, según el estudio, la aparición de afecciones menores como gripe y resfriados, empeora la situación de personas con artritis y reumatismo y está relacionada con un mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
España cuenta, aproximadamente, con 25 millones de viviendas repartidas por todo el territorio nacional, siendo responsables del 17% del consumo final de energía y del 25% de las emisiones de CO2 del país. Y, aunque no se trata de un stock muy envejecido, el 53% de las viviendas españolas fueron construidas antes de que se adoptara la primera normativa de eficiencia energética en edificios.
Según refleja el estudio de ACA, el consumo de energía de las viviendas de nuestro país está comprendido entre los 100 y los 350 kilovatios hora por metro cuadrado año (kWh/m2 año), unas cifras de consumo muy lejanas a los niveles de entre 20 y 50 kWh/m2 año que se podrían alcanzar en estos edificios si tuviesen el nivel A de certificación energética.
Reforma de las viviendas
A la vista de estos datos se puede afirmar que los edificios en España son auténticos devoradores de energía que incrementan el gasto en los hogares. Según los expertos, más del 80% de las viviendas necesitan reformas urgentes que, de producirse, reducirían considerablemente nuestro consumo, lo que provocaría una importante disminución del importe de nuestras facturas y, además, supondría una fuente de generación de empleo, especialmente en el sector de la edificación, uno de los más castigados por la crisis y que presenta mayores dificultades para reorientar su actividad.
Pero lo cierto es que el consumidor sigue siendo la figura más desprotegida. No puede influir en las fluctuaciones que se producen en los mercados, ni tampoco puede modificar a su antojo las decisiones políticas que toman los diferentes Gobiernos en materia energética.
Y a pesar de que se aboga por un acceso a la energía garantizado por parte del Estado a cualquier ciudadano en situación precaria, lo cierto es que nuestro país carece de una estrategia definida de lucha contra la pobreza energética y tampoco parece que se tenga intención de llevarla a cabo a corto plazo para la electricidad y el gas.
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¿Qué es la pobreza energética?