Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), sociedad participada en un 29,6% por Repsol, presentó el pasado mes de marzo una demanda de arbitraje internacional contra Ecuador en la ONU, en la que reclama al país al menos 250 millones de dólares -210 millones de euros al tipo de cambio actual- por desavenencias con la presión fiscal aplicada por el país en los últimos años. Repsol no comenta el caso y considera "nulo" el valor de su inversión allí.
OCP es la propietaria de un oleoducto de crudos pesados que, con 485 kilómetros de longitud, conecta la Amazonia con la costa del Pacífico. En su accionariado también figuran, además de Repsol, otras petroleras, como las chinas Andes Petroleum y Sinopec, la brasileña Petrobras, la italiana ENI, la francesa Perenco o la norteamericana Occidental Petroleum.
La documentación remitida por la compañía presidida por Antonio Brufau a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) da noticia de la presentación del arbitraje, relativo al tratamiento de la deuda fiscal subordinada emitida para la financiación de las operaciones de OCP. La reclamación se ha presentado ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Uncitral, por sus siglas en inglés), organismo en el que la resolución de este tipo de pleitos suele prolongarse de un año y medio a tres años.
Repsol, por medio de OCP u otras filiales, mantiene varios conflictos con el fisco ecuatoriano, el Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI). De acuerdo con los datos de OCP, entre 2003 y 2015 sus obligaciones y pagos a Ecuador suman más de 378 millones de dólares.
Destitución de jueces
En el pleito referido a la deuda subordinada, OCP ya obtuvo un fallo favorable de la Corte Nacional de Justicia en 2013, pero el Gobierno apeló a la Corte Constitucional y destituyó a los jueces firmantes de la sentencia, argumentando que habían incurrido en un "error inexcusable". En aquel entonces, Carlos Marx Carrasco, director del SRI, evaluó el litigio en 252,3 millones de dólares.
La Corte Constitucional anuló el fallo de la Corte Nacional, ha emitido resoluciones favorables a los intereses del SRI y ha desestimado los posteriores recursos presentados por Repsol y sus socios.
OCP tiene otro conflicto judicial, que abarca de 2003 a 2010, en el que el SRI no reconoce la deducibilidad en el impuesto de la renta de los pagos de tarifa por transporte de crudo, en concepto de la capacidad garantizada de transporte, denominada Ship or pay en inglés. La Corte Nacional ha desestimado ya los recurso de 2003 a 2005.
Y finalmente, el SRI ha cuestionado el criterio de referencia aplicable a las ventas de la producción del Bloque 16, donde Repsol Ecuador tiene una participación del 35%. De momento, la Corte Nacional ha desestimado el recurso correspondiente a 2005.
En estos dos últimos litigios, Repsol apunta, en la documentación remitida a la CNMV, que la Justicia ecuatoriana ha obrado argumentando cuestiones procesales y sin entrar al fondo de la cuestión.
Inversiones con valor "nulo"
Repsol produjo en el país sudamericano 6.400 barriles diarios en 2017 y sus reservas probadas ascienden a 6,6 millones de barriles, pero considera que "el valor de la inversión en Ecuador es nulo".
1.177 millones de euros
Es el coste del oleoducto cuando se construyó, en 2013 (1.400 millones de dólares), que en su momento fue la mayor inversión privada en Ecuador. Con una capacidad de 450.000 barriles diarios, por él circula el 30% del crudo del país y ya ha permitido exportar más de 720 millones de barriles de hidrocarburo, con un valor superior a los 40.000 millones de dólares. Hoy en día también está conectado con Colombia.