Las subastas de energía renovable están de moda. Gracias a ellas se ha conseguido abaratarlas notablemente y tanto los expertos como los profanos destacan los asombrosos precios a los que se están adjudicando los proyectos. Ahora bien, en ningún lugar del mundo se han conseguido resultados tan buenos como en España: en la primera subasta, celebrada hace un año, los participantes licitaron tan a la baja que renunciaron a todo tipo de ayudas, y en la segunda, que tendrá lugar el próximo 17 de mayo, va camino de suceder lo mismo.
En España, a diferencia de lo que sucede en el resto del mundo, no se compite por un precio de venta de la energía durante un tiempo determinado, con variaciones más o menos importantes; aquí se concursa por ayudas a la inversión, que se añaden al precio del mercado mayorista de la electricidad, también conocido como pool. Además, aquí se aplica un sistema marginalista, en el que los participantes ofrecen descuentos sobre dichas ayudas y la oferta más alta que entra en el cupo de potencia licitada marca el precio que cobran todos los adjudicatarios.
La aplicación del mecanismo en la primera subasta, por 500 MW eólicos y 200 MW de biomasa, provocó ofertas de derribo, en el que todos los ganadores brindaron descuentos del ciento por ciento, es decir, renunciaron a cualquier tipo de ayuda a la inversión. Querían maximizar sus opciones de entrar en el cupo de potencia licitada y tenían la esperanza de que otros promotores menos agresivos también fueran adjudicatarios y marcaran el precio que fuesen a cobrar.
Pero el tiro salió muy mal, porque al aplicar la rebaja del ciento por ciento al complejísimo sistema de ayudas español, las fórmulas matemáticas que calculan las retribuciones reguladas se invalidaron. Resultado: los ganadores se han convertido en víctimas y deben construir sus proyectos antes de 2020 cobrando únicamente el precio del pool, so pena de perder las millonarias garantías que tuvieron que presentar. No debe extrañar que la Agencia Internacional de la Energía considere que un tercio de la potencia adjudicada en esta primera puja no se va a construir.
Orden según el sobrecoste
Aprendida la lección de la primera subasta, en las reglas de la segunda ha habido varios cambios fundamentales. El primero de ellos es que no hay cupos por tecnologías; todas compiten entre sí por 2.000 MW, más otros 1.000 MW que podrían adjudicarse siguiendo criterios confidenciales. El segundo, que ya no ganan las pujas con mayor descuento, sino aquellos proyectos que generen menos sobrecoste al sistema eléctrico. Y el tercero, los descuentos tienen un límite, que implica renunciar a las ayudas licitadas, pero que no invalida las fórmulas matemáticas que calculan las retribución regulada.
Para encajar todo ello, las reglas del concurso giran alrededor de unos proyectos-tipo para la eólica, la fotovoltaica y el resto de tecnologías. Estos proyectos-tipo cuentan con unos parámetros retributivos concretos -horas equivalentes de funcionamiento, valor estándar de la inversión inicial, retribución a la inversión, sobrecoste unitario máximo...- con los que tienen que comparar sus proyectos los promotores a la hora de diseñar sus ofertas para concursar.
Pues bien, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), solo la eólica y la fotovoltaica tienen opciones de ganar; en el caso de que los descuentos no lleguen al máximo permitido, la fotovoltaica tiene ventaja sobre la eólica; pero en el caso de que haya empate en la generación del sobrecoste al sistema, gana la eólica, porque su proyecto-tipo tiene más horas de operación que el fotovoltaico y ese es el criterio de desempate.
Todo el sector rechaza el procedimiento y pide cupos por tecnologías, aduciendo que solo así habrá una competición justa. Una de las patronales fotovoltaicas, Unef, ha dado un paso más allá al anunciar que va a pedir al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del concurso alegando discriminación.
Unos 30 millones en ayudas
Los cálculos iniciales del Gobierno anunciaban que las ayudas otorgadas mediante la subasta ascenderían a un máximo de 176 millones de euros. Después, informalmente, se hizo saber que en realidad esperaba un coste de alrededor de 30 millones, pero es muy posible que, como ocurrió en el primer concurso, tampoco se otorguen ayudas.
Amén de que hay tal cantidad de proyectos renovables -más de 17.000 MW con acceso a la red eléctrica- que se da por sentado que muchos promotores volverán a ofertar al máximo descuento, en esta segunda subasta ese comportamiento no es tan temerario, porque en virtud del suelo introducido a los descuentos no se pierde el acceso a la retribución regulada, que el propio concurso otorga por 25 años, un plazo mayor al reconocido a muchas de las plantas existentes.
Y el acceder a la retribución regulada implica que los proyectos deberían obtener una rentabilidad razonable -en estos momentos establecida en el rendimiento medio de las Obligaciones del Estado a diez años incrementado en 300 puntos básicos- y se garantiza un suelo a los ingresos obtenidos en el pool -cada tres años se revisa lo cobrado con la venta de energía y se regulariza si se ha desviado de las previsiones- que permite acudir a un banco para obtener financiación.
Dicho de un modo más simple, los participantes en el concurso no buscan adjudicarse ayudas directamente, sino garantizarse unos ingresos mínimos en un pool cada vez más volátil, una especie de seguro. Esto, como dicen las malas lenguas, es más o menos lo mismo que se hubiera obtenido con el sencillo sistema de concursar por un precio fijo durante un periodo de tiempo determinado.
¿Por qué, entonces, tanta complejidad? La CNMC ironiza públicamente, preguntándose si "afrontamos un (posible) problema en busca de solución o bien esgrimimos una (compleja) solución en busca de problema". Las malas lenguas, no obstante, susurran que el Gobierno no puede abandonar el modelo de la rentabilidad razonable, porque se aplica al parque renovable existente y renunciar a él daría alas a los demandantes de la treintena de arbitrajes internacionales abiertos contra el país por el recorte retroactivo a las ayudas que provocó su aplicación hace cuatro años.