El Gobierno ha pactado con el PSOE que las comercializadoras de electricidad paguen a los ayuntamientos y las comunidades autónomas los recibos de la luz de los consumidores insolventes, tutelados por los servicios sociales, como parte de la reforma del bono social eléctrico, que actualmente reciben 2,7 millones de hogares. El Gobierno podrá multar con hasta 60 millones a las comercializadoras que no cumplan el bono social
Esta es una de las medidas que se incorporarán al reglamento que desarrolle la reforma del citado bono, al igual que un procedimiento común a todo el país sobre los cortes de suministro por impago, que actualmente depende de los protocolos aplicados por las propias compañías eléctricas. También definirá lo que se entiende por consumidor vulnerable y susceptible, por lo tanto, de recibir algún tipo de ayuda para pagar la luz; esta definición, compleja y muy abierta en la normativa comunitaria de referencia, es clave a la hora de establecer los rangos de ayuda.
Hasta ahora el bono social, un descuento del 25 por ciento sobre la tarifa regulada por el Gobierno, no se aplica siguiendo un criterio de renta -pueden beneficiarse aquellos consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada, los perceptores de una pensión mínima, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en paro-, pero eso va a cambiar, aunque aún no está claro cómo.
Aplicar un criterio de renta
Según explicó ayer Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, habrá unos consumidores que podrán beneficiarse del bono -presumiblemente de un modo similar al actual, pero teniendo en cuenta sus ingresos- y otros, los más pobres, los que están atendidos por los servicios sociales de los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que ?necesariamente tienen que tener un tratamiento muy especial?. A ellos no se les podrá cortar la luz y los servicios sociales recibirán fondos de las eléctricas para pagar sus facturas.
Ante la falta de normativa en la materia, las empresas ya vienen actuando en esa línea, alcanzando acuerdos con las entidades locales para combatir los casos más graves de pobreza energética.
Adicionalmente, se implantará la denominada tregua invernal y no se podrá cortar el suministro en los meses fríos, más un plazo adicional de cuatro meses para que los servicios sociales analicen la potencial necesidad de un subsidio.
Financiación garantizada
El reglamento debería aprobarse tres meses después de la entrada en vigor de un Real Decreto-ley que el Consejo de Ministros podría aprobar este viernes, en el que se establecerá un nuevo mecanismo de financiación del bono, ya que el anterior fue tumbado por el Tribunal Supremo por discriminatorio.
El nuevo mecanismo de financiación obligará a costear el bono a las comercializadoras, unas 425, según el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Ahora bien, este cambio quizá no evite la discriminación señalada por el Supremo: las empresas que apelaron al Tribunal pedían que el bono fuera financiado por todas las compañías que operan en el sector eléctrico y los jueces les han dado la razón, y por dos veces.