El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley de hidrocarburos en la que se prevé que se incluya la creación de un bono social para el gas natural y el butano, así como el apoyo al fracking en España con un nuevo impuesto de entre el 7 y el 8% que sirva para compensar a las comunidades autónomas con prospecciones petrolíferas. Asimismo los propietarios de los suelos donde se exploten hidrocarburos recibirán un 1% de la producción.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, y su secretario de estado de Energía, Alberto Nadal, han mantenido a lo largo de los últimos meses conversaciones con el sector del gas natural y el butano para crear este bono social para hidrocarburos.
La Comisión Europea ha exigido a España en varios informes recientes la aprobación de esta ayuda social que además se hace más necesaria con la llegada del invierno y el aumento de la pobreza energética en España.
El sector del butano se mostró dispuesto en un primer momento a apoyar la creación de esta política social si se liberalizaba completamente la bombona, pero por el momento se desconoce si el Gobierno dará este paso definitivo.
Gas de esquisito
La nueva normativa también incluirá reformas relacionadas con el gas de esquisto, que en la práctica ya se reguló en una Ley del año 2013. La intención del Ejecutivo es crear un impuesto de entre el 7,5 y el 8% para las prospecciones.
Según indicó el secretario de estado en una reciente entrevista con este diario "si hay posibilidad de tener hidrocarburos, las comunidades que tengan cerca esa actividad deben verse compensadas por hacer un bien al país. Tienen que beneficiarse de manera singular porque están soportando esa actividad, como les pasa a los municipios nucleares". Por este motivo, se creará una nueva figura tributaria destinada a compensar a dichas comunidades.
Los titulares de los suelos recibirán un 1%
Los propietarios de los suelos en los que se desarrollen yacimientos de hidrocarburos recibirán una retribución equivalente a un 1% del valor de producción anual.
También se actualiza al alza el canon de ocupación de terrenos que actualmente pagan los operadores petrolíferos con prospecciones autorizadas. De esta manera, la eventual carga fiscal proveniente de las prospecciones petrolíferas que Repsol desarrolla en aguas cercanas a Canarias revertirían en esta comunidad.
Bruselas exige un bono social
