Las energías renovables, aquellas de las que presume el Gobierno en la escena internacional, se encuentran en un fase de indefensión absoluta. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha jugado con los tiempos a la hora de dar a conocer la nueva retribución para las tecnologías limpias. La premisa se basaba en que ningún embrollo regulatario y hostil ensombreciera la campaña del Partido Popular de cara a las elecciones europeas, que se celebraron el pasado 25 de mayo. Nada de quiebras, manifestaciones o ejecuciones de deudas bancarias a inversores privados.
Una vez salvado por los pelos el evento electoral, el Ministerio de Industria ha procedido a desbloquear una de las normativas más polémicas: el fin de las primas a las renovables tal y como se conocían hasta ahora.
Se acabó el denominado régimen especial para dar paso al cuestionado criterio de "rentabilidad razonable" cercana al 7,5% anual antes de impuestos durante toda la vida regulatoria de la planta, también aplicable a los años ya pasados -de ahí el carácter retroactivo de la norma-.
Este golpe ha procurado la apertura de una batería de causas arbitrales ante el Ciadi, el mismo organismo en el que Repsol peleó la expropiación de YPF. Destaca la batalla legal abierta por Nextera, el mayor grupo de renovables de Estados Unidos, y que se suma a otros grupos que ya tienen pleitos de arbitraje en organismos internacionales como son Isolux, Rreef (fondo de Deutsche Bank), Antin (BNP Paribas), Eiser y Masdar. Estos fondos de inversión se han acogido al Tratado de la Carta de la Energía, que regula la protección de las inversiones de los grupos foráneos. Ahora España tiene el desagradable honor de ser el país más demandado bajo este convenio.
¿Y todo esto para qué? La filosofía del recorte está perfectamente justificada: evitar que el recibo del consumidor se encarezca un 70%. Sin embargo, no se han medido bien las consecuencias de los cambios regulatorios, más aún si se tiene en cuenta que todavía no se ha conseguido encauzar el déficit de tarifa. El desfase financiero del sector eléctrico se situó en 2.098 millones de euros hasta marzo, mientras que el coeficiente de cobertura se ha situado en un 55,56%, de modo que las empresas con actividades reguladas, obligadas ahora a financiar el déficit de tarifa conforme se vaya produciendo, solo recibirán provisionalmente este porcentaje de su retribución. Así, tanto las eléctricas (por los costes de la distribución y los pagos por capacidad) como las renovables (por las primas) están cobrando la mitad de lo correspondiente hasta que no se revierta todo lo recaudado por los nuevos impuestos. Entre tanto, el sector bancario no está dando facilidades a los pequeños inversores para poder financiar este decalaje de los ingresos.
A la espera del real decreto de renovables