Calificado como el seguro del sistema eléctrico y considerado imprescindible para mantener la competitividad de nuestra industria, el servicio de interrumpibilidad, que se viene aplicando en nuestro país desde los años 80, es una herramienta de gestión de la demanda de electricidad para dar una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones de emergencia.
Consiste en reducir la potencia activa demandada hasta el valor de potencia residual requerida, en respuesta a una orden de reducción de potencia dada por el operador del sistema (REE) a los consumidores que sean proveedores de este servicio.
Se trata de empresas con gran consumo de energía -cementeras, siderúrgicas, químicas, gases industriales y del metal, entre otras-, cuyo coste eléctrico viene a representar entre el 10 y el 40 por ciento del coste final de su producto y que, a cambio de desconectarse de la red ante cualquier incidente que pueda poner en peligro la continuidad del suministro eléctrico, perciben una retribución anual que, en 2013, se estima que será de 749 millones de euros.
Sin embargo, el pasado mes de julio las reglas del juego cambiaban cuando el Gobierno daba a conocer la propuesta de orden ministerial por la que se regula el nuevo servicio de interrumpibilidad, incluida dentro del paquete de medidas de la reforma eléctrica, que modifica el actual sistema de adjudicación mediante contratos y reduce la partida destinada a la retribución a 550 millones de euros, un 26,7 por ciento menos, lo que ha provocado una gran inquietud entre las empresas.
?Una de las modificaciones principales es que se cambia el concepto de servicio tarifado por el de servicio subastado en mercado, donde REE sacará a subasta de manera periódica una cantidad de megavatios -en bloques de 5 y de 90- para que las compañías puedan ofrecer su potencia contratada, lo que significa que la retribución se fijará en la subasta en función de la demanda que el operador del sistema plantee y la oferta que realicen las
empresas que acudan. Sin embargo aún no tenemos suficientes detalles de este sistema, ya que, por ejemplo, desconocemos la periodicidad que tendrán?, explica Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España).
Además, la propuesta de Orden modifica los requisitos asociados a la entrega de potencia interrumpible, ya que se exige a los consumidores que el 50 por ciento del consumo mensual se registre en el periodo tarifario 6, es decir, en horas valle (noches, fines de semana y mes de agosto), mientras que la Orden ITC/2370/2007 exige que el consumo anual en dicho periodo sea del 55 por ciento.
El problema radica en los nuevos requisitos que se piden a los actuales proveedores. Si hasta ahora se computa anualmente el consumo de la potencia interrumpible ofertada en todos los períodos tarifarios, que tiene que ser como mínimo de 5 megavatios, la propuesta de orden estipula que aquellos consumidores que ofrezcan 5 megavatios de consumo efectivo tendrán que tener una disponibilidad, al menos, del 85 por ciento de las horas de cada mes. En el caso de que la oferta sea de 90 megavatios, la disponibilidad será de, al menos, el 97 por ciento de las horas mensualmente.
Muchos operadores quedarán excluidos
El informe que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ?integrada actualmente en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)- elaboró el pasado 10 de septiembre sobre la propuesta de Orden ya lo señalaba.
Con respecto al producto de 5 megavatios, y en base a los datos de 2011, de los 151 suministros que prestaron el servicio en el citado año, sólo el 23 por ciento, es decir, 34 suministros, cumplirían las condiciones establecidas en la propuesta de Orden, cuyo consumo representa el 51 por ciento de la energía de los consumidores que prestaron el servicio de interrumpibilidad en el citado año.
Aunque la cifra podría subir a 63 suministros, es decir, el 42 por ciento, si tal y como señala el artículo 11 de la propuesta de Orden, se pueden incumplir dichos requisitos durante un mes sin la exclusión del sistema de interrumpibilidad.
En el caso del producto de 90 megavatios, sólo cuatro suministros podrían prestar dicho servicio, cuyo consumo representa el 26 por ciento de la energía consumida en 2011 por parte los proveedores del servicio de interrumpibilidad.
En este sentido la CNE argumentaba que ?si bien podría ser adecuado establecer un tamaño mínimo, a efectos de facilitar al Operador del Sistema la gestión del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, no se justifica la introducción del producto de 90 megavatios debido al reducido número de participantes y su impacto en la falta competencia de la subasta. El servicio podría ser prestado igualmente por un mayor número de consumidores?.
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege) rechaza este nuevo enfoque ?porque los requisitos que fija la propuesta de Orden excluye a la mayoría de los actuales proveedores y genera incertidumbre por el tema de la retribución. Muchas de estas empresas están aguantando el tirón gracias a que la parte de coste eléctrico se les está haciendo competitivo por la prestación del servicio. Si la normativa cambiara los requisitos vigentes y no pudieran entrar muchos proveedores actuales, supondría una pérdida irreversible de competitividad y significaría el cierre de un importante número de centros de producción con la consecuente pérdida de miles de empleos?.
Asimismo, piden una modificación de la propuesta de orden ?basada en el diálogo y que tenga en cuenta los esfuerzos económicos que tienen que hacer estas empresas, cuyas programaciones de inversiones son a varios años vista y necesitan conocer con cierta antelación cómo va a ser el nuevo modelo?, diálogo que se está produciendo.
La electricidad en España, la más cara de la UE
Aunque los consumidores industriales de energía comparten los objetivos de eliminar el déficit de tarifa y lograr un precio de electricidad competitivo, lo cierto es que en los últimos meses se ha producido una subida del mercado de futuros de la electricidad, lo que ha llevado a que la diferencia de precios en España respecto a otros mercados europeos, como el alemán, alcance máximos históricos, con un diferencial de 10 euros por megavatio hora.
De ahí la importancia que se le da al precio de la electricidad y el papel que juega hoy en día el servicio de interrumpibilidad con su retribución para que las cuentas le salgan a estas industrias ante la falta de un precio más competitivo de la electricidad como el que tienen otros países.
En líneas generales, fuentes cercanas al sector señalan que si el Gobierno quiere tener una buena política industrial -objetivo del 20 por ciento de la participación de la industria en la creación del PIB-, es necesario que se fomenten actividades competitivas, que el precio de la electricidad sea competitivo, así como la regulación, y que se tienda hacia una armonización en todos los temas eléctricos para que el precio final que paguen los consumidores industriales sea equivalente a lo que se paga en otros países, sin necesidad de prestar ningún servicio.
De momento, el Gobierno ha considerado mejorar el tratamiento fiscal que tienen este tipo de industrias y, en cumplimiento de la transposición de la directiva europea 2003/96 que ya permite estas bonificaciones en otros países, presentaba a través del Partido Popular una enmienda a la Ley de fiscalidad para permitir que determinados sectores electrointensivos se vean beneficiados de una exención del 85 por ciento de este impuesto, recientemente aprobada en el Congreso.
El texto de la enmienda recoge que están incluidas ?la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria del 85 por ciento de la energía eléctrica que se destine en los términos establecidos reglamentariamente a los procesos electrolíticos y de reducción química, a los procesos mineralógicos y a los procesos metalúrgicos?.
Según los últimos datos recogidos por Red Eléctrica de España en su página web, hasta el 1 de marzo de 2013 se encontraban en vigor un total de 144 contratos de interrumpibilidad, de los cuales 130 corresponden al sistema peninsular, 13 al sistema canario y 1 al sistema balear.
Asimismo, la potencia interrumpible total disponible al servicio del operador del sistema en periodos de máxima demanda alcanza, aproximadamente, 2.055,7 megavatios, de los cuales 2.002,1 megavatios corresponden al sistema peninsular, 50,1 megavatios al sistema canario y 3,5 megavatios al sistema balear.
Artículo incluido en la edición de octubre de la revista Energía de elEconomista. Suscríbate gratis.
