Desoyendo las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en algunas materias y haciendo caso omiso de las protestas del Sector, el Gobierno aprobaba el pasado 20 de septiembre, en Consejo de Ministros, el proyecto de Ley del Sector Eléctrico, que será remitido a las Cortes para su tramitación, y que se complementa con un paquete de siete Reales Decretos y cinco órdenes ministeriales.
Una de las normas que más ampollas ha levantado, y que afecta directamente a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, es el RD-L 9/2013, de 12 de julio, en el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
Entre otras medidas, el RD-L sustituye el régimen de primas para este tipo de instalaciones por un sistema de retribución específico, aplicable con carácter retroactivo, que se basará en unos parámetros o estándares de los costes de inversión y operación de una instalación tipo que habrá que calcular tomando como referencia una empresa eficiente y bien gestionada, y que tendrán en cuenta, entre otros criterios, la inversión por unidad de potencia, la vida útil regulatoria o el número de horas de funcionamiento de la instalación.
Para la elaboración de estos parámetros el Ministerio de Industria ha contratado a las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group, cuyo informe, según el titular de la cartera de Industria, José Manuel Soria, estará listo en la primera quincena de noviembre. El estudio, que se realizará con datos públicos, incluirá, por un lado, un análisis histórico de las variables de costes y, por otro, hipótesis sobre los costes a futuro. Tanto uno como otro se harán por tipo de costes (inversión, operación, mantenimiento o costes de combustible), por tecnologías y por año de puesta en operación (hasta 2013 para el histórico y desde 2014 hasta 2020 para el futuro).
En el caso de los territorios extrapeninsulares la situación varía, ya que se establece un mecanismo de retribución diferenciado y más favorable para las renovables, cosa que ha contado con alguna crítica dentro del sector. La propuesta de orden ministerial a la que tuvo acceso elEconomista fija la nueva retribución para las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas, cuya asignación se realizará mediante un mecanismo de subastas. En el caso de la eólica en Canarias, se establece un procedimiento alternativo de otorgamiento del régimen retributivo específico al objeto de acelerar la puesta en funcionamiento de estas instalaciones y posibilitar la reducción de los costes de generación en el plazo más breve posible.
Un mazazo para el sector
Todos los actores implicados están que trinan. Desilusionados pero, sobre todo, muy preocupados por unas medidas que, a su juicio, van a perjudicar gravemente a un sector que ha hecho grandes inversiones en los últimos años y que ha visto cómo su rentabilidad ha ido reduciéndose.
En el caso de la fotovoltaica, y según apunta Jorge Barredo, presidente de Unión Española Fotovoltaica (Unef), ?en tres años se han desarrollado cinco normativas retroactivas contra nuestro sector, que han reducido su rentabilidad en más de un 30 por ciento, situando a a los proyectos a las puertas del default y obligando a los inversores a renegociar sus créditos en condiciones de indefensión respecto de las entidades financieras?.
Y aunque aún no se pueda hacer una valoración del impacto total que tendrá el nuevo RD-L sobre el sector hasta que no se conozcan los costes estándares sobre los que se aplicará la rentabilidad razonable del 7,5 por ciento que recoge la reforma, Barredo señala que ?de la redacción del texto parece desprenderse que ésta se basará en costes mínimos, lo que reducirá de manera sustancial la rentabilidad de la mayoría de las instalaciones?.
La termosolar también forma parte del paquete de medidas; de hecho, ?en estos momentos, y desde mediados de julio, los inversores de un conjunto de activos por valor de 70.000 millones de euros no saben a qué precio les compensarán por la electricidad que están generando y no saben, por tanto, cuál sería la forma óptima de operar las plantas, lo cual resulta inaudito en un país de la UE?, afirma Luis Crespo, secretario general de Protermosolar.
Por su parte, el director general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa), Jaume Margarit, apunta que ?el futuro del sector no va a depender sólo del nuevo sistema retributivo, hay otros puntos que ha incluido este paquete de reformas aprobado por el Gobierno que van a incidir de manera directa, y no precisamente positiva, sobre las instalaciones y sus inversores, como el blindaje de las grandes eléctricas contra el autoconsumo o los costes que las renovables tendrán que soportar a cargo del servicio de disponibilidad de potencia gestionable e interrumpibilidad?.
Para Heikki Willstedt, director del departamento de Políticas Energéticas de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) ?se trata de una reforma retroactiva, discriminatoria y arbitraria, que introduce nuevos elementos de incertidumbre e inseguridad jurídica y que es muy injusta con el sector eólico, ya que cambia las reglas del juego en un sector que ya ha sufrido y volverá a sufrir una cascada de problemas financieros, nuevos cierres de fábricas y destrucción de empleo?.
En el caso de la cogeneración, ?las nuevas medidas, que se suman a los recortes ya realizados, han originado una caída en picado de la producción en agosto de un 14 por ciento y una aceleración en el ya desolador panorama de cierres en curso en el sector, donde el 20 por ciento de las cogeneraciones han parado?.
El sector vaticina una oleda de denuncias en los Tribunales. Hasta la fecha son dos las CC.AA. que han tomado la iniciativa -hablamos de Murcia y Extremadura-, que han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de reforma energética que plantea el RD-L 9/2013.
Noticia incluida en la edición de septiembre de la revista Energía
