La Asociación de Promotores y Constructores de Viviendas de Torrevieja (Procosta) ha pedido a las administraciones y a los bancos que "actúen con responsabilidad para no agravar más la destrucción de empresas y de empleos". Señalan que "los bancos y las cajas de ahorros tienen la obligación legal de proporcionar financiación a las empresas y a los particulares para que funcione la economía", ya que "no hacerlo, es incumplir su primera y fundamental razón de su creación".
A su juicio, "un banco o caja que no suscribiese préstamos con las empresas, que no permitiese pólizas de crédito, que no descontase letras o pagarés, no debería seguir operando y el Banco de España tendría que penalizarle y, si persiste, imponer su liquidación".
Procosta aduce que no se conocen "las poderosas razones por las que las entidades financieras, bancos y cajas de ahorros han provocado la paralización de la economía española" al retirar "la financiación tanto a las empresas como a los particulares". La agrupación de promotores sostiene que, paralelamente, el Gobierno está endeudando a los españoles de forma "muy preocupante" para poder "prestar dinero a los bancos".
El Estado "ha maltratado" al turismo
"Sin embargo, éstos, lejos de introducirlo en el sistema productivo y de consumo, lo están destinando a otros fines desconocidos, que quizás no sepamos nunca", ha señalado. Procosta ha advertido de que si no se pide a los bancos que "actúen con responsabilidad" y financien de nuevo a la actividad productiva española, se volverá "a la economía de hace 50 años, cuando las empresas y los españoles particulares debían ahorrar la totalidad del precio antes de comprar cualquier cosa, como un coche, un electrodoméstico o montar un negocio".
También ha criticado que el Estado "ha maltratado" al turismo residencial y hotelero de la costa, y "no ha sabido o no ha querido defender los intereses del sector frente a los ataques de países emergentes, como Turquía, Grecia, Montenegro y otros".
Por otra parte, según Pprocosta, la Administración valenciana ha sido "muy poco diligente para proporcionar el ordenamiento urbanístico que precisaba el desarrollo de la zona" y, "con ello, se volvió a perjudicar al sector, al encarecerse las viviendas por encima de lo que realmente se hubiese producido de existir suficiente suelo disponible".
Además, Procosta ha considerado "una temeridad y un complemento desconocimiento del mercado laboral trasladar" el sistema implantado con el PER en Andalucía a todos los ayuntamientos del país porque generará puestos de trabajo de forma "ficticia" y producirá un endeudamiento que las empresas y los particulares deberán pagar luego con los impuestos.
