La futura Ley contra la sequía ha experimentado importantísimos cambios sobre el borrador original: ahora incluye un Fondo extraordinario de 1.000 millones de euros, una línea de créditos blandos del ICO por otros 1.000 millones, 600 millones en subvenciones para los seguros agrarios, exenciones fiscales varias, un precio máximo para el agua desalinizada y más subvenciones hasta cubrir su coste, la creación de bancos públicos del agua... Y además afecta a explotaciones agrarias y ganaderas de toda España, no solo de las cuencas declaradas en situación de sequía.
El Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas, ahora tramitándose en el Senado, es una derivación del Real Decreto-ley homónimo que se aprobó el pasado verano. Pero si éste incluía reducciones de las tarifas y los cánones del agua, por unos 53,7 millones, y un incremento del tipo impositivo del canon hidroeléctrico, por otros 32 millones, el Proyecto de Ley -que mantiene esas medidas- ha dado un salto muy considerable durante su paso por el Congreso.
Muchos son los cambios, la mayoría introducidos con enmiendas del PSOE y orientados a las explotaciones agrícolas y ganaderas. Entre los que más destacan está un Fondo Extraordinario de lucha contra la sequía, con 1.000 millones asignados al ejercicio de 2017. También hay un segundo Fondo, específico para el regadío, sin cuantificar.
Créditos blandos del ICO
Dotada con otros 1.000 millones -ampliables según la demanda- aparece una línea de préstamos del ICO, con un tipo máximo del 1,5% a cinco años y otro de carencia para devolver el principal.
El Proyecto también incrementa las subvenciones de los seguros agrarios combinados hasta los 300 millones para 2017 y establece otros 300 millones para 2018. Más subvenciones, esta vez sin cuantificar, asigna al agua desalinizada: instaura un precio máximo de 0,3 euros por metro cúbico -oscila entre los 0,37 euros y los 0,57 euros por metro cúbico en la cuenca del Segura- y apunta que los fondos públicos cubrirán el resto de los costes.
En el capítulo fiscal abundan las exenciones y las deducciones: sobre el IBI, sobre el IRPF y sobre el IVA, en este de la electricidad para riego, que baja del 21% al 10%. Asimismo, hay una reducción del 50% en las cotizaciones a la Seguridad Social, acompañada de una moratoria de un año sin intereses.
Y contempla una campaña de concienciación, ordena la urgente implementación del Plan de Reutilización de Aguas y crea un Banco Público del Agua en todas y cada una de las cuencas hidrográficas.
Los beneficiarios de todas estas medidas serán explotaciones agrarias o ganaderas que, en relación a un ejercicio normal, sufran pérdidas del 20% sobre la producción normal en las zonas desfavorecidas o de un 30% en las demás, se haya o no declarado situación excepcional por sequía en la cuenca donde se ubiquen.
Durante el debate parlamentario, el PP sostuvo que varias de las medidas son inviables y que alguna contraviene la normativa europea.
Tarifa eléctrica de temporada para riego
El Proyecto de Ley incluye medidas energéticas, alguna denegada desde hace años por el Ministerio del ramo ante su impacto en los costes del sistema, como permitir a los regantes que contraten dos potencias eléctricas diferentes al año -en función del calendario de riego- para bajar sus costes energéticos, que se han duplicado durante la última década. La norma también plantea el fomento de la inversión en la eficiencia energética -con auditorías y estudios- y en las renovables, incluyendo el autoconsumo térmico y eléctrico, tanto en los regadíos como en la maquinaria agrícola en general. Específicamente sobre autoconsumo, establece la posibilidad de eliminar el peaje conocido como 'impuesto al sol' en los sectores electrointensivos o estacionales.
