El año pasado se disparó el déficit de certificados de biocarburantes un 1.429%, lo que ha generado unas obligaciones de pago de 28,3 millones de euros. En el sector sospechan que el fortísimo incremento -que apenas afectó a la penetración de estos combustibles renovables- se debe a prácticas fraudulentas de algunos operadores de productos petrolífreos.
Como medida de fomento de los biocarburantes, las empresas petroleras deben incluir un determinado porcentaje de bioetanol y biodiésel en sus ventas totales de gasolinas y de gasóleos, y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) gestiona un sistema de certificación para controlar que así ocurra.
De acuerdo con este sistema, cada certificado se corresponde con una tonelada equivalente de petróleo (tep) y no disponer de los asignados al final de cada ejercicio conlleva la obligación de depositar 763 euros por cada certificado deficitario en un fondo destinado a compensar a los sujetos obligados por el mecanismo que cumplan en exceso.
Para el año pasado, de acuerdo con la normativa, el 4,3% de toda la gasolina y el gasóleo puesto a la venta debía haber sido biocarburante. Sin embargo, según los datos de la CNMC, atendiendo al número de certificados sólo se alcanzó el 4,2%, es decir, hubo un déficit del 0,1%, provocado por 24 operadores que el regulador no permite identificar y que deben aportar 28,3 millones al citado fondo.
Sanciones muy graves
Adicionalmente, de esos 24 operadores, 15 obtuvieron menos de la mitad de los certificados que les correspondía, lo que supone una infracción muy grave la Ley de Hidrocarburos, sancionable con un máximo de 30 millones.
Comparando esos datos con los de años anteriores se aprecia un fuerte contraste: en 2015 incurrieron en déficit 12 operadores -sólo cuatro con menos de la mitad de certificados-, que debieron aportar 1,85 millones, y un año antes la aportación fue de 1,2 millones.
Puesto que los volúmenes de biocarburantes servidos el año pasado son muy similares a los de los dos años anteriores, en el sector hablan de fraude por parte de determinados operadores mayoristas de productos petrolíferos para explicar el fortísimo incremento del déficit de certificados.
La patronal sectorial, APPA-Biocarburantes, apunta que la CNMC sabe cuáles son las empresas deficitarias y reclama que el Gobierno actúe contra ellas. La Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), por su parte, propone implantar una garantía financiera a los operadores que, entre otras funciones, respalde las obligaciones de pago al fondo compensatorio.