Los sindicatos se lo temían desde hace tiempo y ayer se confirmaron los peores de sus presagios: Ono tiene previsto realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a un máximo de 1.300 trabajadores, lo que representa el 30% de la plantilla. El adverso entorno económico, la caída del consumo y el cierto grado de maduración en el despliegue comercial inciden en el recorte de la plantilla.
El ERE es similar al que ya sufrió el operador de cable hace dos años, cuando abandonaron la compañía otros mil empleados en marzo de 2006.
La dirección de ONO ha diseñado un nuevo plan de futuro de la compañía, con el objetivo de hacer frente al drástico empeoramiento del entorno macroeconómico. El recorte contempla, entre otros puntos, un tijeretazo en los costes acorde con la caída de la actividad. Según explica la compañía a través de un comunicado, la Dirección de ONO ha recordado a la representación sindical que, a pesar de sus esfuerzos por mantener el empleo durante 2007 y en la primera parte de 2008, el agravamiento del entorno obliga a la compañía a tomar esta dolorosa medida.
En los próximos días, ONO determinará la fecha de la convocatoria formal de apertura del periodo de consultas y de la posterior constitución de la mesa negociadora.
La situación de la plantilla
La regulación de empleo confirma el pesimismo que cundía entre los sindicatos en los últimos meses, especialmente agravado por el despido de casi 400 empleados por "bajo rendimiento", tal y como ya informó elEconomista el pasado 23 de septiembre. Esta última decisión, que en opinión de los trabajadores representaba una regulación encubierta, se ha puesto ahora de manifiesto con un recorte que agrava la situación laboral del sector. Entre otros ajustes, destacan las recientes regulaciones de empleo de Telefónica y Orange, ambos con 700 afectados, o los 200 despidos de Ericsson.
A finales del pasado septiembre, los sindicatos expresaron al presidente de ONO, Eugenio Galdón, el clima de incertidumbre que sufre la plantilla ante los rumores de despidos masivos, la supresión de determinados beneficios sociales (como el fin de la gratuidad del servicio de seguro médico) o la ausencia de garantía del IPC este año.
Fuentes de los trabajadores denunciaron también las medidas de contención presupuestaria, donde la empresa ya no corre con los gastos de desplazamientos interurbanos de los comerciales o con ciertas líneas de móviles corporativas. A lo anterior se añade la paralización de los proyectos de despliegue de nuevas redes.
