El Gobierno y la oposición avanzan a la hora de definir quiénes podrán beneficiarse del bono social eléctrico -un descuento del 25% en la tarifa regulada- y han decidido ya que usarán un criterio de renta; con el sistema vigente esto no sucede.
De acuerdo con la regulación actual pueden disfrutar del bono los consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada, las familias numerosas, los jubilados con pensiones mínimas y los hogares con todos sus miembros en paro, independientemente de su volumen de ingresos.
La normativa europea (Directiva 2009/72/CE) permite a los estados definir qué entienden por consumidor vulnerable -con derecho a beneficiarse del bono- y el ministro del ramo, Álvaro Nadal, mantuvo ayer una reunión con los portavoces parlamentarios de la oposición para avanzar en la tarea.
El Ministro pidió a los asistentes que le remitan propuestas concretas, aunque el Real Decreto-ley 7/2016 -que obliga a las comercializadoras de electricidad a financiar el bono-, ya adelante en su exposición de motivos que se atenderá "a criterios de renta, atenuados en atención a las circunstancias personales y familiares de cada hogar, que podrán referirse al número de miembros de la unidad familiar, la presencia en el mismo de menores a cargo o discapacitados, entre otras cuestiones".
Cuando se aprobó esta norma, el pasado diciembre, Nadal informó que se establecerían al menos tres tipos de consumidores vulnerables y que a los vulnerables severos no se les podrá cortar la luz.
La Conferencia de Presidentes también trató ayer el bono: garantizó la participación de las autonomías en el desarrollo reglamentario en curso, así como la coordinación entre la Administración y las eléctricas para identificar mejor a los vulnerables severos y los programas sociales destinados a evitar los cortes de suministro.
