Ence corre con un tercio del coste del Plan de Saneamiento de la Ría de Pontevedra, evaluado por el Gobierno gallego en más de 45 millones euros, como parte de un plan de inversión de la empresa de 200 millones en la zona durante los próximos cuatro años.
A la fábrica de celulosa de Ence en Pontevedra se le achaca buena parte de la mala calidad de las aguas de la Ría, que, entre otros impactos negativos, perjudica su pesca y su marisco. No obstante, el grueso de la contaminación no procede de la fábrica, sino de la insuficiente infraestructura de depuración de las aguas residuales de las poblaciones de la zona. Además, en los frecuentes episodios de lluvia, las alcantarillas son incapaces de canalizar el incremento del caudal y los vertidos directos a la Ría son frecuentes.
Una sentencia del pasado 10 de marzo del Tribunal de Justicia de la UE ratificó el escaso tratamiento de las aguas residuales de la Ría. La sentencia respondía a una denuncia de la Comisión Europea de noviembre de 2014 en la que se señalaba el "indudable riesgo para la salud pública" por el incumplimiento de la normativa europea de depuración, aprobada en 1991, es decir, hace 25 años.
La Xunta ya trabajaba en la ejecución de un Plan Hidrológico con un presupuesto de 1.000 millones que contempla la mejora del saneamiento de la Ría y la sentencia incrementó la presión para acelerar su ejecución.
Pacto ambiental
La Xunta encontró un aliado en Ence, que en enero había conseguido que el Consejo de Ministros prorrogase la licencia de la fábrica de celulosa de Pontevedra durante 60 años, hasta 2073. Pocos meses después, en julio, la empresa presidida por Juan Luis Arregui llegó a un acuerdo con el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijoó para invertir unos 200 millones en la zona durante los próximos cuatro años.
Buena parte de ese capital se destinará a la factoría de Pontevedra -allí levantará una planta eléctrica de biomasa por 73 millones-, pero 15 millones acabarán en manos de la Xunta, que los destinará a a la ampliación de la depuradora de Praceres.
La depuradora de Praceres -origen de buena parte de la mala fama de la fábrica de Ence en la zona- está diseñada para cubrir las necesidades de 100.000 habitantes equivalentes, pero tiene la misión imposible de prestar servicio a más de 120.000 habitantes, a los que se suma un polígono industrial en Ponte Caldelas. Si se quiere mejorar la calidad de las aguas de la Ría es básico incrementar su capacidad.
Y así lo ha entendido la Xunta, como ha declarado la conselleira de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Beatriz Mato, tras mantener el martes una reunión con los ayuntamientos de Poio, Maríni y Pontevedra, y con las cofradías de pescadores y mariscadores de la Ría de Pontevedra.
En la actualidad ya están en marcha los trabajos de topografía, batimetría y modelización de las obras, de modo que la redacción del proyecto de ampliación de la depuradora esté concluido en marzo del año que viene. Contando con otras actuaciones previstas para mejorar la calidad del agua de la Ría, como una nueva planta de depuración en Poio, la Xunta calcula que invertirá más de 45 millones.
Ence, además de destinar los 15 millones a la depuradora de Praceres, es decir, un tercio de todo el Plan, dedicará otros 15 millones a la mejora del tratamiento del agua efluida de la fábrica.
