A menos que se incremente la inversión, reducida sensiblemente con la crisis económica, las redes de agua tardarán un siglo en renovarse, cuando el 40% tiene más de 30 años y está al final de su vida útil.
Según los datos manejados por el Foro de la Economía del Agua, vinculado al mundo académico, en España anualmente sólo se renueva el 0,9% de las redes de distribución de agua potable y el 0,6% del alcantarillado, unos porcentajes con los que se tardará más de un siglo en cambiar estos sistemas de distribución.
Además, los datos, alerta el Foro, han caído como resultado de la crisis, y la falta de inversión en mantenimiento se aprecia en las elevadas pérdidas del sistema, que alcanzan el 20% del volumen de agua suministrado.
Por otro lado, apremia la renovación de las infraestructuras, porque tanto el 40% de los abastecimientos como el 40% de las cloacas tiene más de 30 años y afronta el final de su vida útil; sólo el 29% de los primeros y el 26% de las segundas tiene menos de 15 años.
Reducción de la inversión del 70%
Sin embargo, a pesar de la claridad de los números, la crisis ha reducido sensiblemente la inversión en el mantenimiento del sistema hídrico nacional: en el caso de los fondos gestionados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la bajada ha sido del 70 por ciento desde el pico alcanzado en 2008.
Según los cálculos de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), en 2014, último año con datos, la Administración pública (Estado central y comunidades autónomas) destinó 1.410 millones de euros, mientras que la inversión privada dedicó 1.376 millones; de esta última cantidad, 585 millones recalaron en la renovación de las infraestructuras.
Gonzalo Delacámara, director académico del Foro y coordinador del Grupo de Economía del Instituto IMDEA agua, considera que la situación "obliga a redefinir el papel del Estado en la prestación de los servicios del agua y, con ello, a redibujar las relaciones entre la sociedad civil y agentes públicos y privados".
Atomización del mercado
En el modelo español de gestión del agua urbana, la competencia recae en los ayuntamientos, con lo que el mercado está fragmentado en más de 8.000 autoridades con capacidad legislativa; el 34% ha dejado la gestión en manos de empresas privadas, el 34% en entidades públicas, un 22% en empresas mixtas y un 10% se ha hecho cargo del servicio directamente.
Esta fragmentación sectorial es un freno para la inversión, por la inseguridad jurídica que genera en los actores privados y porque dificulta alcanzar economías de escala, muy importantes en algunas infraestructuras, como las plantas depuradoras de aguas residuales. Hace un par de años se trató de introducir más orden y se llegó a preparar un borrador de Ley para el ciclo urbano del agua, pero la iniciativa no prosperó.
El Foro llama la atención sobre el hecho de que, a este dividido e inseguro panorama, se ha sumado la "parálisis política, que incide directamente en la licitación de obras públicas y en la indefinición respecto a la regulación del sector".