La normativa exige a las comunidades autónomas comprobar que las auditorías energéticas están bien hechas con su "órgano competente" y no se sabe cuál es.
El 14 de noviembre vence el plazo para que unas 3.800 grandes empresas sometan unas 23.400 instalaciones a una auditoría energética y todavía no se sabe qué cuerpo de la Administración autonómica deberá comprobar que están bien hechas, so pena de aplicar sanciones que pueden ser de 100.000 euros en ciertos supuestos.
Es más, ni siquiera se sabe cuál es el alcance de la auditoría -cómo medir los consumos energéticos o cómo seleccionar el 85 por ciento que ha de analizarse- o, incluso, el censo de las instalaciones de las empresas concernidas que deben auditarse en cada territorio.
La razón de tantas incógnitas es la vaguedad de la normativa, el Real Decreto 56/2016, y la incapacidad de la Administración central y autonómica para fijar y publicar criterios interpretativos.
Los unos por los otros...
En junio hubo una reunión telemática entre el Ministerio de Industria y las autonomías para esclarecer la normativa y evitar que los gobiernos regionales -competentes en la materia- regularan por su cuenta, rompiendo con ello la unidad del mercado nacional.
En aquel momento, Castilla y León ya había elaborado un decreto aclaratorio que no ha llegado a promulgarse y Valencia se planteaba establecer una tasa para financiar las nuevas labores encomendadas.
Tras la citada reunión se ha elaborado un documento que ventila muchas de las inconcreciones, pero aún no se ha publicado, y es posible que no se publique: el Ministerio argumenta que al haber escrito el decreto no puede interpretarlo y las autonomías, que discrepan en algunos aspectos, replican que la norma debe interpretarla el que la redactó.
Las empresas piden una solución
Al final, las empresas están pidiendo a las autonomías que, aunque se rompa el mercado, den a conocer sus criterios para saber a qué atenerse, entre otras cosas porque la empresa auditada puede reclamarle a la auditora el importe de una eventual sanción en concepto de responsabilidad patrimonial.
Estando así las cosas, muchas empresas no van a disponer de la auditoría en el plazo establecido; en verano, según un informe de la patronal A3E, la mitad ni siquiera había iniciado el proceso de contratación, algo muy lento en las grandes corporaciones. Algunas fuentes sostienen que sólo un 30 por ciento llegará a tiempo.
Además, a la vista de las inconcreciones de la norma y de las dificultades para verificar que las auditorías son correctas, en el mercado han proliferado ofertas de derribo con las que es materialmente imposible que los análisis tengan el alcance adecuado.
Fuera de España el panorama es menos gris. En Reino Unido, por ejemplo, ya ha vencido el plazo para haberlas hecho y su Agencia del Medio Ambiente centraliza todas las inspecciones: está investigando a 1.700 empresas por no haber cumplido en tiempo y forma; ya ha encontrado aspectos a mejorar en el 65 por ciento revisado.
