Información privilegiada. El delito de guante blanco más escurridizo de los mercados financieros. Da igual el país, la legislación o los protagonistas. Demostrar esta sospecha es, prácticamente, una utopía. En España, pueden contarse con los dedos de las manos el número de veces que se ha castigado a alguien por este motivo. Pero faltarían páginas para enumerar las ocasiones en que se ha sospechado.
El caso más famoso lo protagonizó César Alierta. El actual presidente de Telefónica lleva años en el ojo del huracán por las compras que realizó su sobrino, en el verano de 1997. Luis Javier Placer invirtió 386 millones de las antiguas pesetas (2,31 millones de euros) en Tabacalera, entonces presidida por su tío. Poco después, la actual Altadis cerró la compra de Havatampa y se benefició de una importante subida de los precios del tabaco.
El mercado recibió estas dos noticias con importantes subidas y Placer ganó en apenas seis meses 309 millones de pesetas (1,86 millones de euros). La sombra de la sospecha empezó a planear sobre este caso, y despertó las dudas de la Fiscalía Anticorrupción, que llegó a pedir cuatro años de cárcel. Casi una década después, la Justicia archivó el caso por considerar que el delito había prescrito.
En cambio, el empresario suizo Thomas Schmidheyni prefirió colaborar y pactar una multa con la Fiscalía Anticorrupción. En febrero de 2003, aceptó desembolsar 1,458 millones de euros por haberse beneficiado de información privilegiada. Su pecado consistió en adquirir 350.000 títulos de Xstrata, compañía donde era consejero, un mes ante de que el grupo suizo lanzara una opa sobre Asturiana de Zinc, en enero de 2001.
Pero cuesta creer que su caso fuera una excepción, sobre todo, cuando se recuerda que durante los nueve días anteriores a la oferta, los títulos del grupo asturiano se dispararon un 30 por ciento. El escándalo conllevó que Schmidheyni tuviera que dejar la presidencia de la cementera Holcim.
El trono perdido de Villalonga
Juan Villalonga también aceleró la pérdida de su trono al frente de Telefónica por un caso similar. Los hechos se remontan a enero de 1998, cuando el entonces presidente de la operadora adquirió 198 millones de pesetas (1,19 millones de euros) en opciones sobre acciones. Alberto Cortina, entonces consejero de Telefónica, movió la misma ficha.
Estas adquisiciones no habrían tenido mayor repercusión si no fuera porque, en esos momentos, Villalonga estaba negociando en secreto una fusión con la malograda WorldCom, operadora estadounidense que protagonizó uno de los mayores escándalos empresariales. El entonces presidente de la CNMV, Juan Fernández-Armesto, le recomendó que anunciara públicamente su compra, lo que convenció a Villalonga para que vendiera sus acciones, con un beneficio de 21,3 millones de euros. El regulador investigó el caso, pero nunca pudo demostrar que hubieran hecho uso de información privilegiada.
La otra cara de la moneda es Javier Echevarría, presidente de Fecsa cuando fue opada por Endesa. Fernández-Armesto definió esta compra como "la más contaminada de la historia" y terminó consiguiendo que el Ministerio de Economía sancionara a Echevarría y al director de Tesorería de Endesa, Marcelino Álvarez, con 12.000 euros, por infracción grave. Además, dos hijos de Echevarría y dos de Álvarez fueron sancionados con multas de 30.000 euros, respectivamente, por infracción muy grave. Pero, en mayo de 2002, la Audiencia Nacional anuló la multa por considerar que no podía demostrarse cómo los hijos habían tenido conocimiento de la opa.
