El Gobierno ha rechazado dos requerimientos -paso previo al recurso en los tribunales- de Cataluña y Valencia sobre la normativa de que regula el autoconsumo de electricidad, el Real Decreto 900/2015.
El requerimiento catalán se centraba en la posible invasión de sus competencias autonómicas por parte del Gobierno central. Clamaba contra una docena de artículos, relativos a la obligación de los autoconsumidores de pagar por la autogeneración, el establecimiento de un registro específico para las instalaciones de autoconsumo y sobre la reglamentación de la conexión a las redes eléctricas.
El requerimiento valenciano, por la vía contencioso-administrativa, afectaba a unas seis disposiciones, sobre el posible trato discriminatorio de los pequeños autoconsumidores frente a los grandes -los primeros no pueden vender la electricidad sobrante y los segundos sí-, también sobre el registro de instalaciones, sobre los planes de inspección y seguimiento para localizar instalaciones ilegales, y, por último, sobre el tipo de costes que deben soportar los autoconsumidores.
Es previsible que, tras el rechazo a los requerimientos, algo que era previsible, ambas comunidades autónomas acudan a los tribunales, al Constitucional Cataluña y al Supremo Valencia.
Aragón también ha recurrido la normativa en el Supremo, así como una veintena de asociaciones sectoriales de renovables, grupos ecologistas y el sindicato CCOO.
