Europa allana el camino a las aseguradoras para que financien infraestructuras. Oída la industria, el Ejecutivo comunitario promoverá cambios en la norma de Solvencia II para despenalizar las exposiciones en ciertos activos, en un intento de estimular su involucración en proyectos que están llamados además a combatir el déficit de empleo que asola a Europa.
Son modificaciones, relata la Comisión en un comunicado, que "liberarán" millones de euros para nuevas apuestas en obras como gasoductos de energía, conexiones de transporte o despliegue de banda ancha, "vitales para el mantenimiento y a mejora de la competitividad de Europa". Concienciada de la necesidad de impulsar obras para estimular la economía, la UE abraza grandes proyectos inversores.
Quizá el más ambicioso sea el Plan Juncker, iniciativa donde la Unión Europea ayudará con 16.000 millones a levantar inversiones privadas por 315.000 millones entre 2015 y 2020. Pero es insuficiente frente a los 2 billones que, según el Banco Europeo de Inversiones (BEI), necesitará para infraestructuras hasta 2020.
Captar 20.000 millones
Y en un escenario de sequía crediticia, Bruselas valoró el mayor concurso de agentes financiadores distintos a la banca. La lupa se ciñe sobre aseguradoras y fondos de pensiones por su pulmón -las europeas cuentan con casi 9,9 billones invertidos en nombre de sus asegurados- y porque son idóneas, dada su vocación de inversor a largo plazo.
Apenas 22.000 millones se encuentran en infraestructuras, el equivalente a un escuálido 0,3 por ciento de los activos totales. La UE hace cálculos rápidos: subir la participación tan solo al 0,5 por ciento -que estima alcanzable"- supone un extra de 20.000 millones. Ahora bien, la parca exposición es fruto de la alta factura en solvencia que pasa esa apuesta. Por eso, mandató al supervisor del seguro (Eiopa, por sus siglas en inglés) a darle ideas. Y tras una extensa consulta al lobby, acaba de entregar el proyecto.
Para empezar, crea una nueva categoría de activos a efectos de determinar sus necesidades de capital y romper con la regla de que una exposición en sociedades privadas sea gravada igual que un proyecto público -consume lo mismo el riesgo de una participación que entrar en una autopista, aunque disponga de ingresos predecibles (peajes)-.
Al adoptar la propuesta de la Eiopa se reconoce el trato en exceso punitivo y las inversiones en deuda o capital de infraestructuras, que cumplan ciertos requisitos, verán aliviada la factura. Las tenencia de deuda tendrán a futuro una reducción en la calibración del riesgo del 30 por ciento. En las tomas de capital en proyectos se moverá en una horquilla del 30 al 49 por ciento.
El alivio se condiciona, en todo caso, a determinados requisitos, ligados a que la inversión disponga de determinadas "garantías de cobro", una calificación crediticia mínima de grado de inversión (BBB) y la compañía entienda, monitorice y gestione el riesgo, entre otros.
No todas las aseguradoras tienen la capacidad interna para cumplir con los requisitos de gobernanza y gestión del riesgo exigidos para aprovechar el beneficio. Consciente de esta barrera y para fomentar la máxima concurrencia, la UE extenderá la ventaja a fondos de inversión europeos a largo plazo (Eltif, en la jerga financiera) a fin de que se animen firmas pequeñas, cuyas limitaciones les impiden invertir directamente, ya que podrán hacerlo a través de esos instrumentos.
El Parlamento y el Consejo Europeo disponen de tres meses, prorrogables en otros tres, para ejercer su derecho de oposición antes de que las enmiendas a Solvencia II sean publicadas y entren en vigor.
