Grande es la polémica en torno a la propuesta normativa sobre el autoconsumo eléctrico. En un lado están el Ministerio de Industria y las empresas eléctricas y en el otro las empresas de energías renovables, particularmente las fotovoltaicas, los sindicatos, los grupos ecologistas y las asociaciones de consumidores. En el plano político, el PP frente a toda la oposición.
En el centro del debate se encuentra el llamado "impuesto al sol", una expresión que ha tenido mucho éxito, pero que es confusa, porque la propuesta no plantea tocar la fiscalidad y lleva a malinterpretar la finalidad del pago: no se debe cotizar por la energía que uno se genere a sí mismo, sino por la conexión a la red.
Si el autoconsumidor, incluso aunque sea capaz de abastecerse al 100%, sigue conectado a las redes eléctricas, disfruta de una garantía de suministro ininterrumpido que debe sufragar. En eso, en contra de lo que cree mucha gente, están de acuerdo todas las partes. La clave de la controversia, por lo tanto, no está en si se debe pagar, sino en cuánto se debe pagar.
Para saberlo hay que adentrarse en el arcano universo de la tarifa eléctrica, un cajón de sastre que incluye el coste del suministro en sí -generación, transporte y distribución- y otras partidas que nada tienen que ver con él, como la solidaridad territorial -la tarifa ha de ser igual en toda España- o los intereses de la deuda acumulada durante la última década.
Dejando los impuestos aparte, los costes incluidos en la tarifa eléctrica se reparten entre la parte fija del recibo, vinculada con la potencia eléctrica contratada, y la parte variable, correspondiente a la energía consumida; en la parte fija están el 65% y en la variable el 35% restante.
Falta metodología de cálculo
Lamentablemente, aún no hay una metodología para calcular el reparto de los costes del sistema entre los consumidores, aunque la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) lleva años trabajando en ella. Además, hay cargos políticos, más o menos enmascarados, como las ayudas al carbón o la interrumpibilidad que goza la gran industria; estas partidas, a lo sumo, podrían repartirse equitativamente. Por lo tanto, el debate sobre cuánto se debe pagar está viciado en origen, ya que sin metodología es imposible saberlo. La propia propuesta normativa indica que los cargos son provisionales hasta que estén listas las pautas para asignarlos.
La Ley 24/2013 del sector eléctrico dicta que los autoconsumidores deben "contribuir a la financiación de los costes y servicios del sistema en la misma cuantía que el resto de los consumidores". Esta orden, que puede considerarse justa, es rechazada tanto por los defensores del autoconsumo como por los detractores. Los primeros apuntan que la generación distribuida baja los costes del sistema, porque al consumirse la energía localmente se reducen las pérdidas de las redes, y los segundos dicen justo lo contrario, porque si hay mucha generación distribuida y ésta no se consume localmente, la energía se evacua por las redes aguas arriba y los costes aumentan.
La propuesta normativa, a la hora de adjudicar los costes del sistema sobre el autoconsumo, debería recoger el mandato de equidad de la Ley, pero los números provisionales dicen otra cosa. En la modalidad de autoconsumo más favorable, el autoconsumidor abonará la misma cantidad por el 65% de los costes asociados a la potencia, pero abonará más por el 35% asociado a la energía: un hogar (tarifa 2.0 A) paga al sistema 0,044027 euros por cada kWh consumido de la red, y, si se convierte en autoconsumidor, deberá abonar 0,04887 euros por kWh que se autogenere, un 11% más; en tarifas superiores el porcentaje sube hasta un 101%.
Las empresas solares se sienten agraviadas, además, porque otros tipos de autoconsumo, como la cogeneración, nunca han sufragado los costes del sistema asociados a la energía y la propuesta normativa les exime de hacerlo al menos hasta 2020.
Guerra por el tipo de mercado
Por otro lado, el autoconsumo es la punta de lanza del modelo energético que se avecina, en el que los consumidores tienen mucho más poder. Frente al modelo tradicional, centralizado y vertical -la energía la produce una gran central, se transmite en alta tensión y se distribuye en baja tensión hasta los consumidores-, en el nuevo paradigma la energía se genera en muchos puntos, sobre todo pequeños, y se distribuye más horizontalmente, siguiendo un esquema de red.
El cambio impacta directamente en el tipo de negocio de las empresas eléctricas tradicionales, puesto que pierden la condición de monopolios y sufren la competencia de los nuevos agentes.
Un informe de Accenture, How can utilities survive energy demand disruption, estima que las eléctricas europeas pueden perder entre 39.000 millones y 61.000 millones de euros hasta 2025 con la irrupción de la generación distribuida. Por eso las empresas solares denuncian que la propuesta normativa de autoconsumo lo penaliza con la intención de preservar los negocios tradicionales el máximo tiempo posible.
En suma, los autoconsumidores deben pagar por su autogeneración para contribuir al mantenimiento del sistema eléctrico, y la justicia o la injusticia del "impuesto al sol" depende de la composición de las tarifas eléctricas y de la interrelación entre la energía no autoconsumida, y evacuada, con el resto del sistema, algo cuyo cálculo es muy complejo y aún está por hacer. Otra cosa es el conflicto por el cambio de modelo, que provoca la evolución tecnológica.
