Fue el pasado viernes cuando una noticia sacudió los debilitados cimientos del sector inmobiliaria: Martinsa-Fadesa estaba al borde del concurso de acreedores. La noticia fue una sorpresa para la mayoría, sobre todo, porque la inmobiliaria ya había conseguido refinanciar su crédito sindicado de 4.000 millones. Pero Fernando Martín, presidente de la empresa, tenía en mente desde hacía una semana la posibilidad de presentar concurso de acreedores.
Fue entonces cuando el empresario tuvo por primera vez noticias de que el ICO no le iba a conceder los 150 millones que tenían apalabrados. Cansado de vivir siempre con la espada de Damocles, Martín diseñó su hoja de ruta, eligió al procurador que se haría cargo y dibujó un amplio abanico con todas las opciones que tenía por delante la compañía y que presentó ayer al resto del Consejo. Aunque éstas pueden resumirse, a grandes rasgos, en dos: suspender pagos o que la banca le financiara los 150 millones que necesitaba.
En este segundo caso, además, el empresario sólo estaba dispuesto a seguir adelante si sus socios y las entidades que hasta ahora le habían respaldado, como Caja Madrid, le garantizaban que iban a acudir a la ampliación de capital prevista para después de verano.
Desplome de la cotización
El desplome de la cotización, que en dos días perdió el 50 por ciento de su valor, había llevado a Martinsa-Fadesa a valer apenas 680,3 millones de euros. Por tanto, para conseguir los 350 millones de euros que el empresario se había comprometido a inyectar al grupo, suponían un 50 por ciento del capital actual de la empresa y, por tanto, que Martín perdiera el poder de la inmobiliaria si no le garantizaban poder acudir a la ampliación.
