
La presencia femenina en los consejos de administración de las grandes empresas de España brilla por su ausencia. En concreto, de las 35 firmas que cotizan en el Ibex, sólo cuatro cumplirían con la recomendación que anunciará hoy la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según el borrador del nuevo Código del Buen Gobierno del regulador bursátil, se establece un objetivo del 30% de mujeres en los consejos de administración.
Pese a que las sociedades cotizadas tendrán hasta 2020 para cumplir con este objetivo, llama la atención que tan sólo Red Eléctrica Española, Jazztel, Iberdrola y Acciona lleguen a él en la actualidad -según los datos de los últimos informes de buen gobierno publicados por las compañías en la CNMV-.
Pero no sólo eso. En una sociedad en la que se fomenta cada día más la igualdad entre hombres y mujeres, es muy destacable que nueve firmas que cotizan en el principal índice bursátil español no lleguen ni siquiera al 10%. Pero yendo más allá, hay cuatro firmas que no cuentan con ninguna mujer dentro de su consejo de administración. En particular, no aparece ninguna mujer en los consejos de administración de Endesa (que cuenta con nueve miembros dentro de este órgano), ni de Gas Natural (que tiene 17 consejeros), ni de Sacyr (cuenta con 14 miembros en total), ni de Técnicas Reunidas (que tiene 12 consejeros).
Por eso, la CNMV ha decidido tomar cartas en el asunto e ir más allá con el nuevo documento (el denominado Código Rodríguez, por la presidenta del regulador bursátil, Elvira Rodríguez). Así, dada la "insuficiente presencia" de las mujeres en órganos directivos, en el borrador de dicho documento aparece la recomendación de que "la política de selección de consejeros debe promover el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente, al menos, el 30% del total de miembros del consejo de administración" de las sociedades cotizadas.
Retribución del consejo
Otro de los cambios relevantes que quiere fomentar el documento del regulador bursátil es el relativo a las retribuciones del consejo de administración de las cotizadas.
En este sentido, aconseja que los contratos de los miembros de este órganos incluyan "una cláusula que permita a la sociedad reclamar el reembolso de los componentes variables (los denominados bonus) cuando el pago no haya estado ajustado a las condiciones de rendimiento o cuando se hayan abonado atendiendo a datos cuya inexactitud quede acreditada con posterioridad". En otras palabras, la CNMV busca incentivar que no existan casos en los que los consejeros no acuden a las reuniones pero que sí reciben una parte de su salario como si hubieran acudido.
Por otro lado, también establece que los pagos por resolución del contrato -es decir, las indemnizaciones- "no superen el importe establecido equivalente a dos años de la retribución total anual y que no se abonen hasta que la sociedad haya podido comprobar que el consejero ha cumplido con los criterios de rendimiento previamente establecidos".
Apuesta por la RSC
Otra de las cosas que pretende fomentar la CNMV es que los empresarios tomen conciencia del mundo en el que se mueven. En concreto, el borrador también incluye un apartado dedicado a la responsabilidad social corporativa (RSC), al considerar que "es recomendable que las empresas analicen cómo impacta su actividad en la sociedad y cómo ésta impacta, a su vez, en la empresa".
De esta forma, el borrador del documento aconsejaba a las sociedades cotizadas que informaran sobre estos asuntos "utilizando para ello alguna de las metodologías aceptadas internacionalmente".
Con todo, nos esperan importantes cambios dentro de estos organismos con la aplicación del esperado Código Rodríguez. Desde que en mayo del año 2013 se creara una comisión de expertos en la materia para desarrollar este documento, las sociedades cotizadas esperaban pacientemente la aparición de los nuevos principios de Buen Gobierno para poder reformar y mejorar su funcionamiento interno.
De hecho, las firmas tuvieron que esperar a la aprobación de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital -que llegó a principios del mes de diciembre del pasado año- para completar la reforma del régimen de gobierno corporativo en nuestro país.
