Varios exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid que usaron las tarjetas opacas de la entidad ya se han opuesto a su imputación, aunque algunos han ido más allá al pedir al juez Fernando Andreu que archive el caso por considerar que los hechos de los que se les acusa han prescrito. Solo seis de los 82 exdirectivos han devuelto lo que gastaron.
Este ha sido el caso de la exdirectiva Elena Gil García, que gastó con su Visa 72.500 euros, principalmente en joyas (unos 15.900 euros en total), artículos en tiendas de lujo como Chanel o Armani o viajes, y a la que el magistrado imputó junto con el resto de beneficiarios de estas tarjetas el pasado 28 de enero. Dos semanas después de su implicación en el caso, dimitió de su puesto de consejera independiente de Jazztel.
La defensa de Gil García ha presentado un escrito al magistrado en el que le emplaza a revocar su decisión de imputarle un delito de apropiación indebida y archivar las actuaciones respecto a ella. Según explica, en línea con lo que ya han alegado otros imputados, los altos responsables de la caja le entregaron una tarjeta "no corporativa" en su condición de alta directiva.
Está prescrito
Pero aclara que ella fue cesada de su puesto, por el que recibió un salario bruto de 143.041 euros más un complemento de 61.303 y otros seis pagos mensuales de 6.130, según el contrato de cese que aporta, el 1 de julio de 2004. Además, el último movimiento que figura en su Visa es del 26 de agosto de ese año, con lo que se han sobrepasado los 10 años de plazo de prescripción previsto por la ley.
Según apunta, los hechos ya estaban prescritos por un mes cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció los hechos el 25 de septiembre del pasado año. Con todo ello, subraya que se ha extinguido cualquier reproche penal que se pudiera llegar a hacerle, por lo que el magistrado debe archivar el caso respecto a ella.
Multitud de recursos
Mientras, otros usuarios de las tarjetas siguen optando por recurrir su imputación y afirmar que las tarjetas formaban parte de sus retribuciones. Entre ellos, el exalcalde socialista José María Arteta, a quien Andreu ha citado a declarar el próximo lunes junto a otros 9 exconsejeros de la caja, en la que él trabajó entre 2003 y 2010, periodo en el que llegó a gastar 137.617 euros.
En su recurso relata que el que fuera secretario del consejo de la caja, Enrique de la Torre, le entregó una tarjeta a su llegada, de la que la titular era la caja y él el beneficiario, y que se renovaba anualmente. Este mismo argumento ha sido empleado por otros imputados como los sindicalistas de UGT Gonzalo Martín Pascual, y de CCOO Rodolfo Benito.
"En ningún caso fue reprendido o amonestado por persona alguna de Caja Madrid por los cargos que hacía a la tarjeta", recalca la defensa de Arteta, para añadir que "jamás se excedió del límite establecido para la misma" y "nunca sacó dinero en efectivo", pues carecía de número PIN.
Arteta recrimina además al instructor que se introduzca "en materias fiscales, laborales, mercantiles o civilísticas" cuando, en contra de lo que afirma el juez, su tarjeta black estuvo "perfectamente dentro del circuito ordinario de otorgamiento de tarjetas".
"Es difícil de entender que el instructor afirme que las cantidades recibidas no eran declaradas" cuando Hacienda aún no ha respondido al requerimiento referido a las inspecciones que realizó en Caja Madrid en el periodo investigado.
El número 2 de Blesa tenía tres tarjetas 'black'
