El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) prevé que el anteproyecto de ley de auditoría de cuentas llegue al Consejo de Ministros a principios del mes de diciembre. No obstante, como revelaron a elEconomista, "según los plazos que han dado todo apunta a principios de diciembre, pero no sabemos con exactitud la fecha ya que Economía oficialmente no nos ha comunicado nada".
De hecho, esta falta de comunicación del Ministerio de Economía con el ICJCE se traduce en que no saben con exactitud si el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha enviado ya el texto definitivo a Economía. Además, hicieron especial hincapié en que sólo Reino Unido e Irlanda están comenzando a legislar en este área y, a diferencia de España, su primer paso ha sido abrir un proceso de consulta pública.
En cuanto al contenido del texto, el ICJCE no está de acuerdo principalmente en dos puntos: la independencia y las sanciones.
En el primer caso, consideran que los criterios para definir los casos de incompetencia se han exagerado. De hecho, apuntan a que la clave de los problemas radica en las definiciones de "familiar próximo, entidades vinculadas y red". Esto, según sus alegaciones, construye un régimen "de imposible cumplimiento voluntario, caracterizado por su complejidad y alcance confuso".
En cuanto a las sanciones, el ICJCE denuncia que se está tratando al auditor "como a un defraudador en potencia" al endurecer estas multas. Por ejemplo, las más graves podrían sancionarse con una cantidad 18 veces mayor a la obtenida por los honorarios de auditoría.
