La normativa impedía retribuciones al consejo distintas a dietas y gastos de representación. El magistrado considera que ambos consintieron y aceptaron el sistema de las visas en la entidad.
El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu ha echado por tierra uno de los argumentos principales de la defensa que hicieron tanto Miguel Blesa como Rodrigo Rato sobre las tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia. Uno defendió que el sistema era un complemento retribuido de libre disposición, mientras que el otro dijo que ese dinero formaba parte de la remuneración de cada consejero y directivo, con lo que la nómina mensual variaba en función de los gastos que hiciera.
El magistrado no se cree estos argumentos y, además, considera que ambos expresidentes de la entidad violaron la regulación de las cajas de ahorros. En el auto, por el que ha impuesto una fianza de 16 millones a Blesa y de 3 millones a Rato por un supuesto delito de administración desleal, les acusa de saltarse la ley, un asunto al que ya hizo referencia en la declaración del jueves.
Andreu recuerda que el artículo 24 de la ley 4/2003 de 11 de marzo de cajas de ahorros de la Comunidad de Madrid establecía que "en el ejercicio de las funciones de los miembros de los órganos de gobierno se podrán originar otras percepciones distintas de las asistencias e indemnizaciones".
El juez, acto seguido, aclara que se entiende por indemnizaciones la compensación por los gastos originados como consecuencia de la participación efectiva en dichos órganos, con la correspondiente justificación documental.
Se da la circunstancia de que los extractos bancarios de los movimientos realizados por los 86 consejeros de Caja Madrid demuestran que hubo un sinfín de compras de carácter que nada tenían que ver con el trabajo que desempeñaban en la entidad. La cúpula dilapidó 15,5 millones de euros con la visa fantasma. Además, tanto Blesa como Rato explicaron al juez que la tarjeta B se concedía para el uso personal.
El magistrado de la Audiencia Nacional añade en el auto que la nueva redacción de la normativa sobre cajas de ahorros de 2011 de Madrid, dada por la Ley 1/2011 de 14 de enero se reiteran las mismas pautas para la retribución de los miembros de los órganos de gobierno. Pautas que, a su juicio, fueron "incumplidas mediante la emisión y uso de las tarjetas".
En el caso de la época de Rato, además, se da la paradoja de que Bankia -grupo heredero de Caja Madrid- podría haberse saltado los decretos de limitación de salarios de las entidades con ayudas públicas. Durante la declaración fue interrogado sobre este aspecto y sobre la circular del Banco de España de 2011 que obligó a todo el sector financiero a publicar los sueldos de manera individualizada.
Rato asegura que no sabe nada de esto, que lo único que puede decir es que pensaba que no debía reflejarse la partida de esas tarjetas en el desglose y que el mismo Banco de España nunca le advirtió nada al respecto.
Noqueado
Pero mucho más noqueado se quedó Blesa cuando Andreu le preguntó por la regulación de cajas, según distintas fuentes conocedoras del interrogatorio judicial. El magistrado pidió que explicara cómo encajaban las tarjetas en el sistema retributivo de la entidad si por ley nadie podía cobrar nada que no fueran gastos de representación, según fuentes jurídicas.
Con cara compungida Blesa no supo que decir y no respondió. Andreu, entonces, insiste y le pregunta "por qué no se aplicaba la ley", a lo que el expresidente de Caja Madrid tampoco contestó. Su cara era de preocupación y anticipaba un dura resolución del juez.
La decisión de la fianza será recurrida tanto por Blesa como por Rato. Los abogados de los dos banqueros se opondrán a la decisión del magistrado. Preparan ya el escrito que remitirán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, previsiblemente. El recurso no paraliza el plazo fijado de tres días, hasta miércoles, para que ambos imputados depositen el aval solicitado. Andreu va a empezar a reclamar a todas las administraciones los bienes de cada uno de ellos para ejecutar el posible embargo, en caso de que no consigan reunir el dinero de la fianza. Fuentes jurídicas indican que Blesa no será capaz de lograr tantos recursos.
El juez de la Audiencia Nacional, que investiga lacausa en una pieza separada del denominado caso Bankia, explica en su auto esta medida cautelar dictada tras la petición de la Fiscalía y del Frob.
Uso indebido
Considera que existen "indicios racionales y bastantes" de que Blesa y Rato habrían "consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la entidad, mediante la atribución y uso en provecho propio, y mediante la entrega de tarjetas de crédito a miembros del consejo de administración, de la comisión de control, a consejeros ejecutivos y a directivos, lo que supuso la percepción por parte de estas personas de cantidades en concepto distinto del retributivo".
El magistrado considera, además, que estas cantidades -los 15,5 millones gastados- no están ni "justificadas" ni tienen un soporte "contractual", ya que no existe un precepto estatutario o reglamentario.
El sistema de tarjetas opaco se estableció en 1988, según varios de los consejeros y directivos que disfrutaron de él, entre ellos los dos expresidentes de Caja Madrid. En principio, según sus explicaciones, tenía por objeto compensar el trabajo realizado por los representantes de los sindicatos, ya que éstos eran los que finalmente se quedaban con las dietas que percibían.
La llegada de Blesa a la presidencia de la entidad, en 1996, provocó que las tarjetas B no sólo se extendieran a toda la cúpula y sus importes pasaran paulatinamente de los 600 euros anuales a los 50.000 euros que se fijaron en los últimos ejercicios. Todas las fuentes consultadas consideran que Blesa, a través de estas compensaciones salariales, lo que intentaba y conseguía era una red clientelar para perpetuar su poder en la caja y que nadie pusiera ningún reparo a sus decisiones. Tan sólo en la época de la guerra interna de 2009, que terminó con su salida, hubo discrepancias en el seno de la cúpula.
Blesa y Rato recurrirán sus fianzas
