
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu baraja la adopción de medidas cautelares contra Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, por el caso de las tarjetas opacas. La Fiscalía Anticorrupción y el Frob habrían pedido al magistrado la imposición de una fianza de responsabilidad civil contra Blesa de 15,2 millones y de 240.000 euros para Rato. Vídeo | Medio centenar de preferentistas 'reciben' a Blesa y a Rato en la Audiencia Nacional.
Blesa se encuentra en las instalaciones de la Audiencia Nacional a la espera de que termine la declaración de Rodrigo Rato y se le notifique la decisión final. Algunas fuentes sostienen que entre otras medidas no se descarta tampoco la retirada del pasaporte.
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de 15,2 millones de euros para Miguel Blesa y otra de 240.000 euros para Rodrigo Rato como responsabilidad civil por el fraude cometido durante su etapa como presidentes de Caja Madrid.
El Frob y la acusación popular se ha sumado a estas peticiones a la espera de lo que pueda decidir ahora el juez Fernando Andreu. La resolución de la adopción o no de medidas cautelares se podría conocer hoy mismo. Fuentes próximas a la fiscalía han confirmado que hay pruebas más que evidentes del fraude cometido.
Blesa ha declarado ante el juez Andreu como imputado durante algo menos de una hora por el escándalo de las tarjetas opacas, con las que 83 exconsejeros y exdirectivos de la entidad cargaron 15,5 millones entre 1999 y 2012, de los que 15,25 millones fueron sufragados por Caja Madrid y el resto por Bankia.
El banquero ha reconocido ante preguntas del juez que daba el visto bueno a las tarjetas y a los importes con los que se retribuía de forma opaca a consejeros y directivos de la entidad. "Yo daba el OK y lo pasaba al Comité de Medios", ha asegurado. Al frente de este comité estuvo durante años Ildefonso Sanchez Barcoj, también imputado en el caso.
Deloitte lo sabía
Blesa, Rato y Barcoj aseguran que Deloitte debía conocer el sistema de retribución de las tarjetas y la existencia de la cuenta de quebrantos a la que se cargaban los gastos, ya que era visible para todos. Durante más de una década, el auditor no advirtió sin embargo en ningún momento de la existencia de irregularidad alguna.