El Ministerio de Industria se prepara para dar el visto bueno a los planes de inversión en distribución de las eléctricas, que ascenderá hasta los 1.400 millones de euros para los próximos tres años.
El Gobierno dio el pasado 30 de abril un plazo de apenas 24 horas para que las compañías presentaran sus planes anuales y plurianuales, concretamente, en tres fases para 2015, para 2015 y 2016 y entre 2015 y 2017 en materia de redes de media y baja tensión.
Según ha podido saber elEconomista, entre las empresas eléctricas, la que tiene prevista una mayor inversión es Endesa, que superará los 600 millones de euros, seguida de Iberdrola, con cerca de 400 millones de euros, Gas Natural Fenosa, con 200 millones de euros, EDP, con 143 millones y E.ON, que se acercará a los 100 millones.
El Ministerio solicitó también el pasado mes de abril, mediante dos resoluciones, una auditoría externa de las instalaciones puestas en servicio antes de 2013 y el inventario auditado de instalaciones antes de 2014.
Todos los detalles
Los planes de inversión presentados por las eléctricas debían incluir las hipótesis sobre las que se realizan los mismos, un resumen de los objetivos básicos que se pretenden cubrir y la estimación del volumen total de inversión anual de la empresa en 2015 para tomar una decisión posterior sobre las cantidades que se autorizarán.
El Gobierno pidió además conocer qué porcentaje de inversión será financiado por terceros y si está previsto que reciba ayudas. Si las ayudas provienen de la Unión Europea se tomará para el cálculo de dicho porcentaje un valor del 90% del importe recibido.
El Banco Europeo de Inversiones aprobó un préstamo de 600 millones para las inversiones que hizo Endesa entre 2013 y hasta 2015 en su red de distribución.
La retribución de la distribución se fijará basándose en las obligaciones a diez años y para el caso de activos que supongan innovaciones de carácter tecnológico se podrá considerar una vida útil regulatoria diferente, es decir, una mayor retribución. Este extremo puede abrir la puerta a una mejora en la retribución de la distribución con la instalación de los nuevos contadores digitales.
Según los datos de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, la calidad del suministro eléctrico en España supera el 98%, lo que significa que prácticamente no se producen apagones si no se deben a causas de fuerza mayor.
Según los datos de Unesa, entre los años 2000 y 2013 la longitud de las líneas de 400 Kv ha aumentado en 5.723 kilómetros, las de 220 Kv en 5.473 Kilómetros y las de 132-110 Kv en un total de 3.105 kilómetros. De este modo, se produce un incremento del 38,4 por ciento, del 34,2 por ciento y del 15,3 por ciento respectivamente. La variación de la longitud total de todos los niveles de tensión fue de 14.301 kilómetros, lo que supone un aumento del 27,9 por ciento con respecto al año 2000.
La actividad de distribución mantuvo un cifra de negocio de 5.394 millones en 2013, frente a los 5.364 millones de 2012 y el resultado del ejercicio se incrementó desde los 1.743 millones de 2012 hasta los 2.020 millones de 2013 gracias en gran parte a un menor pago de impuestos, que pasaron desde los 673 millones pagados en 2012 a los 321 millones que se desembolsaron en el ejercicio siguiente, tal y como explica en su memoria la patronal eléctrica.
Más transporte
El Gobierno además ha decidido abrir la puerta a autorizar instalaciones de la red de transporte que sean necesarias a más de seis años vista, es decir, por encima del tiempo que la normativa vigente estipula como periodo de planificación.
A través de una enmienda, recogida por Ep, el PP ha presentado en el Congreso el proyecto de ley de Metrología que modifica la Ley del Sector Eléctrico, para permitir que la planificación eléctrica incluya un anexo "de carácter no vinculante" que recoja las infraestructuras que podrían ser necesarias en un plazo superior al contemplado.
La intención del cambio es "poder asegurar la disponibilidad de las infraestructuras en la fecha estimada de necesidad y garantizar con ello la seguridad de suministro", dado que los periodos de tramitación superan los seis años para poder lograr todos los permisos necesarios.
Frente judicial contra la reforma energética
