
Los españoles son los europeos que más comisiones pagan por utilizar tarjetas bancarias, según un estudio realizado entre los siete países más ricos de la UE, cuya población representa el 65,9 por ciento del total.
El estudio, publicado el jueves por la consultora Kelisto.es, cifra en 2,53 euros euros el coste impuesto por sacar dinero de un cajero que no sea el de la entidad que emitió la tarjeta, un 78,6 por ciento más que la media de los países analizados (Reino Unido, Holanda, Suecia, Italia, Francia, España y Alemania).
Según la consultora Kelisto.es, la banca española ingresa 3.266 millones de euros al año procedentes del cobro de cuotas y comisiones de las tarjetas, el cuádruple de lo que gasta en mantener la red de cajeros.
España destaca por ser el único país donde las entidades cobran comisiones a sus clientes incluso cuando sacan dinero en cajeros de su propia red, como por ejemplo, Servired o Telebanco, dijo Kelisto.es en una nota de prensa.
Además, también se encuentra entre los países más caros de la Unión Europea a la hora de pagar comisiones al retirar efectivo de otras redes diferentes a la de la entidad del cliente, situándose segunda, con una comisión mínima de 3,61 euros, por detrás de Alemania, 4,4 euros.
Kelisto.es lamenta en su informe que España sea el país con información menos transparente y el sistema de comisiones más complejo. "Salvo escasas excepciones, las entidades españolas sólo publicas información sobre comisiones máximas, en lugar de las que realmente cobran", dijo en el informe.
El jueves, la consultora publicó una última fase del estudio, en la que destaca que, desde el comienzo de la crisis, el número de sucursales bancarias se ha reducido en un 26,6 por ciento, lo que ha elevado casi hasta en un 70 por ciento la probabilidad para el cliente de pagar comisiones por extraer efectivo de un cajero.
Cataluña es la comunidad que lleva la delantera cerrando sedes con un descenso del 35,6 por ciento, seguida de la Comunidad Valenciana, donde ha caído un 34 por ciento.
Según el informe, más de un millón de personas no tiene acceso a un dispensador en su propio municipio, una cifra que ha crecido en un 11,9 desde 2008.