BRUSELAS/MADRID (Reuters) - El impuesto español sobre el consumo de hidrocarburos, conocido como 'céntimo sanitario', fue declarado ilegal el jueves por el máximo tribunal europeo, lo que allana el camino para que los consumidores reclamen miles de millones de euros comprometiendo los esfuerzos de consolidación presupuestaria del país.
Este impuesto que gravaba el consumo de hidrocarburos estuvo en vigor desde enero de 2002 hasta enero de 2013.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo dijo que el gravamen era incompatible con una directiva europea porque no tenía una finalidad específica que no fuera puramente presupuestaria, como una tasa medioambiental.
Los ingresos del impuesto, que se utilizaban para financiar el sistema sanitario de las regiones españolas, ascendieron a unos 13.000 millones de euros.
Los consumidores tendrán que presentar facturas de compra para reclamar las cantidades, lo que previsiblemente reducirá la cifra que tendrá que devolver el Estado español.
Pero habrá empresas que sí conservan estos documentos. La compañía de transportes catalana, Transportes Jordi Besora SL, que llevó el caso al tribunal, pagó entre 2005 y 2008 más de 45.000 euros mediante dicho impuesto.
"Como no puede ser de otra manera, somos Europa y acatamos completamente esa sentencia", dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en los pasillos del Congreso de los Diputados.
Madrid había pedido a los tribunales que limitaran la devolución de las cantidades porque hacerlo podría dañar las finanzas públicas del país.
Pero la sentencia del jueves dice que sería inapropiado "limitar los efectos temporales de este caso" porque, manteniendo el impuesto durante más de una década, las autoridades españolas no actuaban de buena fe.
El ministro de Hacienda español respondió que este impuesto se instauró previa consulta con las autoridades comunitarias y que habrá que estudiar cual será el impacto de la medida en las finanzas públicas.
"La implantación de ese impuesto se hizo tras consulta con la Comisión Europea (...) no está desautorizando al Gobierno español, sino a la Comisión Europea que en su momento fue la que autorizó al Gobierno español y a las Comunidades Autónomas para implantar ese sistema del céntimo sanitario que hoy ya no existe, no se está aplicando", explicó el ministro.
"Las consecuencias de la sentencia, en materia de reposición económica, habrá que evaluarlas", agregó.
España debe recortar su déficit público hasta el 5,8 por ciento del PIB - o alrededor de 60.000 millones de euros - este año hasta el 4,2 por ciento del PIB en 2015, para alcanzar el objetivo marcada por la UE de reducir el desfase al 3 por ciento del PIB en 2016.
