El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá liderado por la española Sacyr Vallehermoso, ha anunciado que suspenderá las obras debido a la imposibilidad de llevarlas a cabo con los costos pactados inicialmente en el contrato. Lea aquí el comunicado íntegro
"Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá la nota de preaviso de suspensión de los trabajos, de acuerdo a la sub cláusula 16.1 de las condiciones del contrato para la construcción del tercer juego de esclusas", indicó el consorcio en un comunicado.
La respuesta del Canal de Panamá no se ha hecho esperar y ha rechazado de manera "categórica las presiones" del consorcio internacional, encabezado por Sacyr.
GUPC espera que en los próximos 21 días Autoridad del Canal de Panama (ACP) cumpla con los requerimientos presentados por el Consorcio con el fin de poder continuar con la obra.
Con el preaviso, "la ACP tiene 21 días para cumplir con los requerimientos solicitados" por el consorcio, unos "1.600 millones de dólares" en reclamos económicos, tiempo durante el cual "los trabajos continuarán con normalidad", indica la amplia misiva del GUPC.
Cumplir con los requerimientos del consorcio "supondría la alternativa con menor coste y menor tiempo posible de ejecución" de las obras de ampliación, que empezaron en 2007 y se prevé estén listas en junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato.
El consorcio, que además Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, explicó que tomó la decisión de anunciar la suspensión de las obras "ante la falta de respuesta por parte de la ACP y del seguimiento de las conversaciones iniciadas" sobre los reclamos económicos.
GUPC señala en un comunicado que la Administración de Jorge Quijano ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato como la inexactitud de la información proporcionada al Consorcio para ejecutar el proyecto, reconocida por la propia Administración.
En la carta de preaviso "se reitera que ACP está al tanto de los intentos repetidos del contratista de reunirse al más alto nivel con la intención de discutir de una manera justa y apropiada una solución, bajo la ley panameña, de los grandes problemas financieros que están afectando el proyecto".
Añade que "a pesar de haber llegado a acuerdos entre ambas partes, el Administrador (de la ACP, Jorge Quijano) ha decidido no honrar dichos acuerdos", indicó el GUPC.
De esta manera, considera que se han incumplido las propias normas y regulaciones, establecidas por la ACP en el contrato forzando al contratista a renunciar a varios de sus derechos.
El Canal de Panamá rechaza las presiones
La Autoridad del Canal de Panamá ha rechazado de manera "categórica las presiones" del consorcio internacional para negociar "fuera del contrato" sobre costos que alcanzan 1.600 millones de dólares.
"No importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron", indicó un comunicado de la autoridad panameña que cita declaraciones de su administrador, Jorge Quijano.
El GUPC se adjudicó del proyecto de ampliación por un valor global de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponden al contrato para la construcción de las nuevas esclusas.
Según datos de la ACP, el proyecto de ampliación en su conjunto registra un avance de 70,7%, mientras que el de la construcción de los nuevos complejos de esclusas alcanza un 64%.
El consorcio ha presentado a lo largo del tiempo varios reclamos económicos, uno de ellos en 2012 por 585 millones de dólares, según datos de la ACP, con el argumento de que el atraso que sufrió la obra debido al rechazo reiterado por parte de los técnicos del Canal de la mezcla de cemento para usarse en las esclusas generó los sobre costos.
Ese reclamo fue rechazado por la ACP, por lo que el consorcio apeló a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) prevista en el contrato para dirimir el asunto en segunda instancia, quedando como última posibilidad, si las partes no llegan a un acuerdo, un arbitraje internacional.
En diciembre pasado, el GUPC presentó a la ACP otro reclamo, por 850 millones de dólares, informó a la prensa local Quijano, quien entonces dijo que dada la complejidad del mismo "tomará bastante tiempo resolverlo".
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