
El consumidor no tendrá ni un respiro. Si bien el recibo de la luz continúa su subida con un alza del 3,2%, se esperaba un descenso del 1% para la factura del gas natural. Sin embargo, el Ministerio de Industria ha decidido modificar la propuesta de orden de tarifas y subir un 3,2% la parte regulada. Así, fuerza una congelación del recibo y compensa la caída en un 3,2 por ciento del otro principal componente de la tarifa, el correspondiente al coste de la energía.
Esta maniobra del departamento que dirige José Manuel Soria busca reducir el déficit tarifario que sufre el sector y que para 2014 se prevé que alcance los 413 millones de euros. Algunas fuentes apuntan que la subida de peajes, que fue publicada ayer en el BOE, redundará en una recaudación adicional de unos 80 millones de euros.
En la propia memoria de la orden remitida a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para su análisis, Industria había estimado que sería necesaria una subida del 14% para evitar la aparición de este agujero financiero. Este incremento se debería elevar a un 27% para recuperar también la previsión del déficit acumulado a 2013 (otros 399 millones).
Trasladado al recibo, estos incrementos redundarían en alzas en torno al 7 y el 13%, respectivamente. Para evitar este esfuerzo excesivo al consumidor, el Gobierno está trabajando en una reforma del sector gasista con el fin de reducir los costes regulados del sistema.
Industria ajustará retribuciones, potenciará nueva distribución y buscará más eficiencia incentivará los nuevos puntos de suministro. En concreto, buscará que la retribución siga dependiendo del número de clientes. En este sentido, podría producirse una mejora retributiva para las nuevas inversiones en esta área.
También se revisará el coste de las plantas de regasificación y se replantearán estas infraestructuras sin descuidar fórmulas para ampliar la competencia.
Por otro lado, el Ministerio ha introducido un cambio significativo en esta última orden de tarifas: la posibilidad de poder revisar de forma trimestral los peajes, en caso de que fuera necesario para ajustar las tarifas de gas.
Mayores ingresos por el frío
El sector estima que la previsión de ingresos respecto a la primera propuesta será mayor debido fundamentalmente a las bajas temperaturas registradas durante diciembre. En la memoria de la orden, Industria veía incierta la evolución final del consumo, que se había resentido sobre todo por la parada de un 20% de la cogeneración.
"La incertidumbre existente sobre la demanda en los últimos meses del año puede alterar significativamente el déficit final", advirtió el Ministerio.
En la orden publicada, Industria mantiene (al igual que en la propuesta), un mayor control a los costes en los que incurren los almacenamientos subterráneos de gas, una medida que afecta de lleno al Castor, en Castellón, cuyos promotores son Escal y ACS y que se encuentran en el punto de mira tanto por los más de 500 seísmos registrados en la zona en el mes de septiembre como por el encarecimiento de esta infraestructura, al pasar de 500 millones a 1.700 millones de euros.
Según el nuevo decreto, Industria tendrá la potestad para encargar auditorías técnicas y económicas independientes por sí mismo o requerir que lo hagan en su nombre a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o Enagás o al propio promotor.
El objetivo de estas auditorías será "verificar que la documentación suministrada por el promotor refleja una imagen fiel de la realidad, que sus decisiones han estado justificadas por la búsqueda de la solución técnica adecuada, bajo los principios de transparencia, concurrencia y mínimo coste, así como para determinar el valor de mercado de aquellos conceptos no contratados bajo fórmulas concurrenciales".
En definitiva, Industria se dota de las armas para revisar los contratos a dedo que detectó la extinta Comisión Nacional de la Energía en la planta construida en tierra que forma parte de la infraestructura.
Además, en caso de que se pongan de manifiesto discrepancias sustanciales, se procederá a la minoración de la inversión declarada por el promotor para ajustarla para ajustarla a la inversión prudente necesaria.
Actualmente, la consultora noruega DNV, especializada en temas de petróleo off shore, es la encargada de auditar la plataforma y sus resultados se están demorando respecto al plazo inicialmente previsto por el propio Ministerio de Industria.