Botín y Rato declararán como imputados por el caso Aguas de Fuensanta

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El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, José Sierra, ha llamado a declarar como imputados Emilio Botín y Rodrigo Rato, entre otros, como imputados por su actuación en el proceso de compra del 45,3% de Aguas de Fuensanta por Banesto en 1999. Esta empresa de aguas estaba vinculada a la familia del ex ministro de Economía y ex director gerente del FMI.

En dos providencias, el juez José Sierra ha citado como imputados a otras 15 personas, entre las que figura el consejero delegado de Santander y ex presidente de Banesto Alfredo Saénz, el hermano de Botín, Jaime Botín, y los consejeros de Banesto cuando se produjo la compra de Aguas de Fuensanta, vinculada a la familia Rato, así como el hermano del ex ministro de Economía Ramón Rato.

Emilio Botín, Alfredo Sáenz y Jaime Botín han sido citados para el próximo 8 de mayo, en tanto que Rodrigo Rato deberá declarar el próximo 27 de mayo, después de que fuera incluido en la querella tras levantarse la inmunidad que pesaba sobre él a raíz de su dimisión como director gerente del FMI.

Una operación excesiva

Todos los imputados fueron acusados en una querella de apropiación indebida, administración desleal, falsedad en documento mercantil, negativa a socio del derecho de información y cohecho por compra-venta del 45,3% de Aguas de Fuensanta, por la que Banesto pagó unos 1.000 millones de pesetas (6 millones de euros) a la familia Rato.

Según la querella criminal, la transacción tenía el objetivo de "ganarse el favor de Rodrigo Rato", entonces ministro de Economía, dado que el precio que se pagó fue desorbitado para una sociedad en "quiebra técnica".

El precio pagado "equivale a valorar el cien por cien en 2.207,5 millones (de pesetas), lo que no puede justificarse en modo alguno si se tiene en cuenta que la sociedad en 1998 registraba deudas por 1.571,6 millones de pesetas, cantidad que superaba con creces a los fondos propios fijados en las cuentas de ese ejercicio en 1.153,4 millones", indica la querella.

También este escrito explica que "si en 1998 el beneficio neto de la empresa fue de 20,35 millones de pesetas", una valoración de la sociedad en 2.207,5 millones implicaría que "Banesto tardaría 108 años en recuperar la importante cantidad invertida en Aguas de Fuensanta".

Además, relata que la compra fue justificada por la actual presidenta de Banesto, Ana Patricia Botín, como una forma de liquidar los créditos que la familia Rato mantenía con Banesto, que de otro modo "hubieran sido difíciles de cobrar".

Especial benevolencia

La querella, que fue presentada por el abogado Francisco Franco Otegui en 2004 y fue ampliada posteriormente en 2005 por Antonio Panea, duda de que Banesto no pudiera cobrar esos créditos y se pregunta cuál fue "el verdadero motivo del altísimo peaje".

En ese sentido, hace referencia a supuestos favores que habría recibido Botín en el caso de las cesiones de crédito, con la "especial benevolencia" mostrada tanto por el ministerio público como por el Abogado del Estado.

La querella también critica que en diversas juntas de accionistas, Banesto se negó a dar datos de la transacción, con el "verdadero propósito de ocultar dolosamente que se trataba de una operación fraudulenta en perjuicio de los accionistas del banco".

Además de otras demandas contra Botín y el SCH, Francisco Franco Otegui ejerció la acusación particular en el juicio por las jubilaciones millonarias contra Botín, el ex presidente del SCH, José María Amusátegui, y el ex consejero delegado, Angel Corcóstegui, a los que la Audiencia Nacional absolvió.

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