La industria de medios de pago contiene el aliento. La Comisión Europea les obligará hoy, salvo sorpresas, a rebajar las tasas interbancarias aplicadas en los pagos con tarjetas al 0,2% si el abono es a débito y al 0,3% de ser a crédito.
Son tarifas que hacen posible que los bancos se repartan el coste del sistema posibilitador de los pagos electrónicos, pero acaban trasladadas, vía comisiones, al comercio que acepta el dinero de plástico y al cliente que lo usa en lugar de comprar en efectivo. Europa lleva años librando una guerra contra ellas. Ya forzó su aceptación en las operaciones transfronterizas que gestionan MasterCard y Visa. Su tesis es que el sistema es caro -lo cifra en 130.000 millones de euros o el 1% del PIB comunitario-, y un abaratamiento drástico evitará nuevos repudios en las tarjetas desde las tiendas, favoreciendo su completa popularización.
Una idea de la severidad del tijeretazo la ilustra el hecho de que en España dicha tarifa es de 24 a 25 céntimos de euro en cada transacción a débito, con independencia del importe; y del 0,70% de media en pagos a crédito -oscila entre un tope del 1,26 y mínimo del 0,46% según el tipo y riesgo asumido en cada tipo de establecimiento-.
Un cambio así se observa desde algunos ámbitos como una medida disruptiva sobre lo conocido. Satisface la vieja demanda de Eurocommerce, la patronal europea de la distribución, que culpa a la tasa impedir la entrada de competidores en medios de pago y de pasar una factura anual de 25.000 millones a los comerciantes.
Al lado opuesto y con preocupación se alinea la banca -el afectado directo- e inquieta a los consumidores -el puntal débil, en riesgo de convertirse en el pagano salvo que se le proteja-. España es uno de los pocos países donde el Gobierno ha obligado a doblegar las controvertidas tarifas desde un 2,75 al 0,70% entre 1999 y hoy. Se estimó que sólo la rebaja desde el 1,75% vigente en 2005 ahorraría casi 3.500 millones a las tiendas.
La organización de consumidores Adicae pidió a Bruselas renunciar al ajuste salvo que blinde al ciudadano de su impacto para evitar una repetición del "perjuicio grave" causado en España, donde no sólo las tiendas incumplieron su compromiso de abaratar los productos sino que el ciudadano ha acabado soportando sus rebajas en comisiones. Entre 2005 y 2012, la cuota anual en una tarjeta a débito subió de 11,12 a 20,02 euros y de 22,94 a 37,48 euros en crédito. Según Adicae, el aumento en cuotas y comisiones fue de 2.300 millones entre 2006 y 2010 para el ciudadano, casi un 80% de los 2.700 millones pagados de menos por los comercios.
Fuentes financieras reconocen que la tentación de subir la cuota es evidente porque el sistema genera unos costes fijos, aún cuando los apuros de la crisis exacerban la amenaza de que el consumidor anule la tarjeta en favor de "incentivar la economía sumergida". En España apenas se paga un 17% de las compras con tarjetas. En países como Reino Unido, Holanda o Francia con cuotas de penetración del 40%, es más difícil que aquí cambiar las costumbres hacia un aumento de los abonos en efectivo.
Meterá una dura presión a Servired, Euro 6000 y 4B, procesadores de las transacciones nacionales si Bruselas lo implanta a escala doméstica -Visa y Mastercard se ocupa de las trasnacionales cross border-. El ámbito y calendario de aplicación son claves. No está claro que afecte a American Express o Diners Club, ya que carecen de intercambio y gravan sus comisiones de forma directa a las tiendas.
El cambio de reglas, vía reglamento y Directiva de Servicios de Pagos, abolirá previsiblemente también el recargo, a veces próximo a 10 ó 20 euros, que algunos operadores clavan al aceptar tarjetas. Muy usual, por ejemplo, en las contrataciones onlines de billetes con aerolíneas, y otras empresas de transporte.
Nuevos descuentos en tarjetas y cuentas
