La Comisión Nacional de Energía recibió ayer los cinco primeros reales decretos para desarrollar los detalles de la reforma energética que aprobó el pasado viernes, donde el Gobierno ha dado un plazo de alegaciones de diez días.
El Ministerio de Industria remitió las normativas para regular las nuevas metodologías de retribución al transporte, a la distribución y la retribución para el periodo transitorio de ambos negocios en 2013.
Entre el paquete de medidas también se encuentra la fórmula para el cálculo de la energía eléctrica imputable a la utilización de combustibles en las instalaciones de generación que utilicen como energía primaria renovables no consumibles y la revisión de los peajes de acceso.
La cartera que dirige José Manuel Soria espera que el sistema cierre 2013 con un superávit de 14,5 millones de euros, frente a la previsión anterior de 16,9 millones, después de acometer un ajuste extraordinario de 922 millones hasta diciembre.
Estos cálculos aparecen recogidos en la propuesta de borrador de orden de revisión de peajes remitida por Industria a la CNE. En ella, se contempla una caída de la demanda mayor a la prevista y unos ingresos por subastas de derechos de emisión de CO2 de 150 millones frente a los 450 millones previstos.
Por su parte, la subida de peajes procurará unos ingresos de 401 millones hasta diciembre, mientras que el nuevo esquema para las renovables y la cogeneración tendrá un efecto de reducción de 749 millones en los costes del régimen especial debido principalmente a la retirada de los suplementos por eficiencia y por energía reactiva.
Más desvío de los incentivos
Entre las nuevas estimaciones que bajara Industria se encuentra que las primas al régimen especial ascenderán a 9.707 millones, 657 millones más de lo previsto en la anterior orden de peajes por las favorables condiciones meteorológicas del año.
Sin embargo, este impacto quedará aplacado por el recorte de 749 millones del Real Decreto Ley de medidas urgentes publicado el sábado en el BOE, que acaba con el régimen especial y fija una retribución del 7,5 por ciento para toda la vida del proyecto, lo que supondrá que algunas instalaciones dejarán de recibir prima si ya han excedido esta "rentabilidad razonable"
Por su parte, el coste de la distribución se reducirá en 348 millones, con lo que pasará de 5.253 millones a 4.905 millones. Pese a ello, la tarifa eléctrica tendrá que asumir 925 millones correspondientes a las extrapeninsulares, ante la negativa del Ministerio de Hacienda a que los Presupuestos Generales del Estado asumieran los 1.800 millones de euros del coste de las extrapeninsulares.
En cuanto al coste de los pagos por capacidad a las centrales de respaldo, se reducirá en 302 millones, hasta 928 millones. El bono social dejará de ser un coste de la tarifa y será asumido de nuevo por las eléctricas, lo que supone una descarga de 105 millones.
Al revisar los peajes, Industria calcula que el precio medio de la electricidad será de 44,62 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 51,19 euros anteriormente previstos.
Además, ha revisado los precios de alquiler de los nuevos contadores tras la sentencia del Tribunal Supremo , pero no lo ha hecho para subirlo, como deseaban las eléctricas, sino para mantenerlos en sus niveles actuales, de 0,81 euros al mes para los monofásicos y en 1,15 euros para los trifásicos.
La orden de peajes incluye el aumento del término de potencia fijo ya anunciado por el Gobierno, en detrimento del término variable de energía, lo que penalizará a las segundas viviendas o a las que se encuentren desocupadas.
En las memorias económicas que incluyen estos borradores, a los que ha tenido acceso elEconomista, se fija una retribución para las redes de transporte del 5,5 por ciento para lo que queda de año, es decir, menos de lo previsto para los años siguientes mientras se prepara el catálogo de instalaciones.
Según dicho Decreto, en la segunda mitad de este ejercicio se retribuirá con 76 millones el transporte y se pagarán 77 millones como incentivos para la calidad. En la misma norma el Gobierno revisa las retribuciones en las redes de los años 2008 a 2011 y fija que tendrá que desembolsar 104 millones menos.
En lo que respecta al Decreto sobre Combustibles, el Gobierno elimina la posibilidad de poder cobrar primas para las termosolares que generan con gas y sólo se permitirá el cobro de incentivos para las plantas híbridas. Industria considera que esta medida prácticamente no tendrá impacto económico y revisará cada tres años los rendimientos de las instalaciones.
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