Las grandes empresas son, junto a las Administraciones Públicas, el principal foco de morosidad en los pagos a proveedores en España. Una lacra que, por sí sola, es la causa fundamental del cierre de uno de cada cuatro negocios y responsable directa de más de 800.000 parados en el conjunto del Estado.
Los últimos datos sobre plazos de pago a proveedores en España cifran en 133 días el plazo medio de pago de las empresas con más de mil trabajadores. Un período que supera en 73 días el plazo legal de 60 establecido para todas las operaciones privadas en la Directiva europea antimorosidad, que entró en vigor el pasado 16 de marzo, y que supone un flagrante incumplimiento de la legislación española.
Este período real de pago de las grandes empresas rebasa también ampliamente el plazo de 90 días en que se sitúa hoy la media de pago a proveedores del tejido empresarial español y contrasta con los 67 días de media en que están pagando los autónomos y las microempresas.
Por lo que respecta a las Administraciones Públicas, la realidad es que pese a los Planes de Pago a Proveedores, la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) denuncia que los ayuntamientos, comunidades autónomas y otras entidades públicas adeudan en torno a 5.000 millones de euros en facturas impagadas a los autónomos. Además, el periodo medio de pago está en 148 días, frente a los 30 días que para estas instituciones establece la Directiva comunitaria, incumpliendo dichos plazos más del 90% de las Administraciones Públicas.
Toda una vulneración de ley que, además, tiene una relación directa con el incremento del desempleo. La comparación entre los plazos de pago y las tasas de paro por comunidades autónomas muestra cómo son las autonomías más respetuosas con la Ley: Navarra, País Vasco y La Rioja, todas ellas con un período de pago medio a proveedores inferior a 30 días, las que presentan las menores tasas de desempleo del país, por debajo del 20%.
Tolerancia cero
Por contra, las autonomías más morosas son Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Canarias, cuyos plazos de pago a proveedores superan los 138 días de media. Además, tienen también unas tasas de paro de entre el 25% y el 37%, este último dato en Andalucía, siendo las tasas más altas del país.
Esta relación entre morosidad y desempleo, junto a la necesidad de mejorar la liquidez de los emprendedores, está en el origen de que el Gobierno haya incluido un Plan de Erradicación de la Morosidad en el Sector Público en el nuevo Plan Nacional de Reformas, con el objetivo de integrar el control de la deuda comercia en el principio de sostenibilidad financiera.
Por esta razón se ha ampliado también el Plan de Proveedores, con una dotación de 2.684 millones de euros, para aquellas facturas anteriores al 1 de enero de 2012.
Paralelamente, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha anunciado que reconocerá anualmente las buenas prácticas en cuanto al pronto pago de las Administraciones Públicas y de las empresas.
Se trata de elaborar una relación, de acceso público, de las empresas y de las Administraciones Públicas que cumplen rigurosamente con los plazos de pago a proveedores establecidos en la Ley de Morosidad y en la Directiva de la CE.
Paralelamente se publicará también un listado de aquellas administraciones incumplidoras, detallando los periodos de morosidad. Responsables de ATA matizan que esta lista negra no se hará en el caso de las empresas privadas por motivos legales.
También la Comisión Europea ha anunciado que va a aplicar una política de "tolerancia cero" con la morosidad y la Directiva europea establece que aquellas empresas y Administraciones que retrasen el pago de sus facturas se verán obligadas a pagar el interés de demora, situado en el 9%, y si el conflicto llega al Tribunal de Luxemburgo, se exponen a multas diarias. Multas que el Ejecutivo español ha fijado en 40 euros.
La morosidad del comercio baja 10 meses seguidos
