Pescanova entra en otra semana clave para su futuro. El gigante de los congelados gallego, que presentó el pasado jueves el concurso de acreedores, tiene como fecha límite el viernes 12 de abril para remitir a la CNMV sus estados financieros del último ejercicio. Bajo la sospecha de un posible delito societario -la banca acreedora cree que la empresa podría haber creado una red de empresas fantasma y contratos falsos, operando en paraísos fiscales-, su presidente, Manuel Fernández de Sousa, debe hacer frente además a una nueva amenaza.
Pescanova ha decidido suspender pagos mediante la presentación de un concurso de acreedores voluntario, pero eso no garantiza ni mucho menos la estabilidad que pretende Sousa. Su problema es que, dada su negativa a a agotar el plazo de negociación con la banca y ante las sospechas fundadas de fraude, hay acreedores que podrían estar planteándose ya la solicitud del concurso forzoso.
Se trataría, fundamentalmente, de entidades extranjeras, que atónitas ante a las maniobras de la compañía intentaría así forzar su salida. Pero podría darse el caso también de acreedores comerciales que decidieran actuar en solitario.
La diferencia entre un concurso voluntario y uno forzoso es evidente. Mientras que en el primero se exime de responsabilidad al equipo gestor, que sigue al frente pese a la entrada de una administración concursal, dirigida por el juzgada para supervisar y aprobar todas las decisiones, en el segundo los gestores pierden totalmente sus funciones y son destituidos. La empresa quedaría en este último caso en manos de los administradores concursales y sería siempre el juez el que tuviera la última palabra.
La decisión, en cualquier caso, no es nada fácil porque en el concurso necesario el acreedor que solicita el procedimiento tiene un privilegio de cobro del 25 por ciento de su deuda y posibilidad de optar a parte de las costas del procedimiento. Es decir, que no se incorpora sin más a la masa de acreedores, con lo que parece complicado que un banco determinado pueda romper el pacto existente con el resto y actuar en solitario. Salvo que sea el sindicato bancario en su conjunto el que decida hacer lógicamente la solicitud.
Ante la suspensión de pagos se abre asimismo una nueva puerta para actuar contra Fernández de Sousa porque el juez podría llegar a declarar el concurso culpable. Es en la fase final del proceso concursal cuando el juez debe proceder a bien a la liquidación de la compañía o bien a la firma de un convenio de acreedores, con una posible quita de la deuda.
Es también en ese momento cuando debe calificar el concurso y determinar la causa de la insolvencia y, concretamente, si ésta es imputable al deudor o a sus representantes, que habrían provocado o agravado la quiebra con su comportamiento doloso o culpable (concurso culpable). Si se diera este ultimo caso los administradores deben hacer frente con su patrimonio, pudiendo llegar incluso a ser embargados.
Negativa a firmar las cuentas
Esta es una de las razones fundamentales que explicarían que cinco de los doce miembros del consejo de administración de la compañía -los representantes de Damm, Luxempart, Iberfomento y los independientes Yago Méndez y Antonio Basagoiti- se hayan negado a firmar las cuentas, votaran en contra del preconcurso e intentaran en la última reunion del máximo órgano ejecutivo (todos salvo Basagoiti) forzar la destitución de Fernández de Sousa.
El presidente de Pescanova no lo tiene, en cualquier caso, nada fácil porque el próximo 23 de abril vence su mandato y los estatuos del grupo establecen que debe ser renovado en el cargo. Y con gran parte de los accionistas y del consejo en contra, bajo la amenaza de sanciones por infracciones muy graves por parte de la CNMV, y con la sospecha de varios delitos societarios, su renovación parece cada día que pasa un poco más difícil.
De momento, esta misma semana deberá facilitar sus cuentas, sin el visto bueno del auditor y sin la firma de parte del consejo, con una deuda que supera los 2.700 millones de euros.
¿Desvió dinero Pescanova?
