El Consejo de Ministros envió este pasado viernes un proyecto de ley en el que se fija la obligación de que los proyectos de extracción de hidrocarburos que requieran la utilización de técnicas de fracturación hidráulica estén sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental para el desarrollo de un negocio, el shale gas, que ha supuesto una auténtica revolución en el sector energético, especialmente, en Estados Unidos debido al sorprendente despegue de su producción.
Su desarrollo en el continente americano ha conseguido reducir a la mitad el precio del gas, ha creado alrededor de 600.000 puestos de trabajo en 2010, ha aportado 76,9 billones de dólares al Producto Interior Bruto del país y ha reducido la emisión de 450 millones de toneladas de CO2.
Además, "la revolución que ha supuesto el desarrollo de los recursos no convencionales en Estados Unidos, junto con las mejoras de eficiencia energética, harán posible que el país alcance la autosuficiencia energética en 2035 -según recoge el informe World Energy Outlook 2012-, superando a Rusia como principal productor de gas en 2015 y a Arabia Saudita de petróleo en 2017, lo que les permitirá asegurar una posición económica prominente en los próximos años".
Pero, ¿qué es el shale gas? Pues, sencillamente, gas natural. Se trata de un gas no convencional porque se encuentra atrapado en formaciones rocosas y arcillosas de muy baja permeabilidad.
Para que el gas aflore a la superficie se utiliza la combinación de dos técnicas: la perforación de un pozo vertical desde la superficie y posterior reorientación horizontal para aumentar su contacto con el bloque rocoso, y la estimulación hidráulica o fracking, utilizada en millones de pozos en todo el mundo.
La estimulación mediante fracturación hidráulica consiste en inyectar agua y arena (99,5%) y una mínima porción de aditivos (cerca del 0,5%) a elevada presión y a gran profundidad con el objetivo de crear una red de microfracturas en determinadas zonas del subsuelo. La fuerza del agua provoca grietas en el núcleo de la roca y los granos de arena ayudan a mantener abiertas estas fisuras para que el gas pueda fluir.
El hecho de que la Unión Europea no tenga competencia para dictar la política energética de los países miembros está llevando a que cada uno de ellos aplique diferentes leyes en el caso del shale gas. Bien sea por cuestiones de política interna o bien por razones geoestratégicas, el caso es que algunos de ellos, como Francia o Bulgaria, han decidido cerrar por completo la puerta al debate sobre la exploración de los recursos autóctonos de gas mediante la técnica de la fracturación hidráulica; mientras que otros como Reino Unido, Dinamarca, Suecia o Polonia, se muestran más abiertos sobre esta cuestión.
En el caso de Francia, en julio de 2011, el entonces presidente del Gobierno, Nicolas Sarkozy, decidió aplicar una moratoria a la técnica del fracking para la producción de gas de esquisto. En septiembre de 2012, el presidente Hollande reiteró su oposición a la técnica por sus posibles impactos medioambientales y pidió que se retirasen las licencias de exploración concedidas.
El shale gas en España
En España, el Gobierno acaba de enviar un proyecto de ley al Congreso en el que se incluye la regulación de esta técnica.
Castilla y León, Cantabria, Asturias y País Vasco son las comunidades autónomas donde están operando las cuatro empresas presentes en la Plataforma Shale Gas España que cuentan con la concesión de varios permisos de investigación y unas inversiones de varios millones. Es, por ejemplo, el caso de BNK España-Trofagás, filial de la canadiense BNK Petroleum y adjudicataria de tres permisos de investigación y con otros nueve pendientes de concesión en nuestro país.
Los proyectos son Arquetu, en Cantabria; Sedano, en Castilla y León; y Urraca, en Castilla y León y País Vasco que, con una superficie de 1.600 km2, contarían con una inversión superior a los 127 millones.
Dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos, y con sede en el País Vasco, se encuentra la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA), sociedad pública perteneciente al Ente Vasco de la Energía (EVE). Uno de los proyectos en los que se encuentra inmersa es el proyecto Gran Enara (Usoa, Mirua y Usapal y Enara), que cubre un área de unos 1.400 kilómetros cuadrados repartidos entre las comunidades de Castilla y León, País Vasco, Navarra y Cantabria, en cuyo subsuelo se localiza la denominada Formación Valmaseda, que mostró significativos indicios de gas en un elevado número de pozos perforados en la zona, desde la década de los cincuenta. La Sociedad ha solicitado un total de nueve autorizaciones para la perforación de pozos exploratorios, de los cuales se perforarán dos y, en función de los resultados, se considerará la perforación de uno o dos más. La inversión estimada para los dos pozos asciende a 50 millones.
Otro de los proyectos en los que se encuentra es el Angosto, cuyo radio de acción se extiende entre Castilla y León, Cantabria y el País Vasco, y para el que se han solicitado dos autorizaciones con el objetivo de perforar un sondeo o reentrar otro antiguo (Espinosa CB-1), con una inversión que asciende a 14 millones.
Finalmente, el proyecto Flysch Negro, para el que se han solicitado cuatro permisos de investigación -Lurra, Lore, Landarre y Sustraia- al Gobierno vasco, que están pendientes de otorgamiento. Los trabajos programados son de tipo geológico y geoquímico que, de resultar favorables, darían paso a reconocimientos geofísicos.
Otra de las empresas es Heyco Energy Group, un holding americano que trabaja son subsidiarias y empresas afiliadas en operaciones de petróleo y gas en EEUU y Europa. En el caso de España creó, en el año 2008, la empresa Petrichor, con sede en Bilbao, con el objetivo de incluir las licencias para los proyectos Angosto y Gran Enara que la empresa espera desarrollar con Hidrocarburos de Euskadi como operador.
La cuarta empresa es Montero Energy Corporation, filial española de R2 Energy, multinacional canadiense especializada en el desarrollo de campos convencionales y no convencionales. En España focalizan su trabajo en los no convencionales donde cuentan con un total de 11 solicitudes de permisos de investigación. La cuantía de las inversiones, si se pudieran desarrollar de forma completa todos los proyectos, rondaría los 300 millones en investigación.
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